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Explotación, trata, abuso o venta de niños, son los peligros que corren los menores de edad que se encuentran en los albergues o casas hogar, tanto públicos como privados en México, debido a que no se tienen aún registros actualizados.
Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en el país no se cumplen con los estándares internacionales para operar las casas hogar o albergues. Para ofrecer una buena atención, los modelos marcan que no deben pasar de 30 menores, pero en México casi todos los 879 hogares que se tienen registrados los superan.
Aunque desde 2014 se tiene la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, apenas se comienza a hacer un registro de todos los albergues para saber si cumplen con una infraestructura y personal adecuados, así como programas bien definidos, servicios de salud y alimentación adecuados.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Dora Giusti, jefa de Protección de la Infancia de UNICEF México, mencionó que es momento para que el país tenga un registro de los albergues y casas hogar, supervisar y certificar los espacios. Esa tarea le compete a las procuradurías de protección de la niñez de cada entidad.
Los datos más actualizados son de 2015, con el Censo de Alojamientos de Asistencia Social del Inegi. En ese informe se menciona que de los 33 mil 118 menores de 18 años que están en albergues o instituciones de asistencia social, públicas y privadas, 84% tienen entre 6 y 17 años. Es decir, ocho de cada 10 se ubican en ese rango de edad.
La mitad de los más de 33 mil menores se concentran principalmente en seis estados: Baja California (3 mil 315), Jalisco (2 mil 341), CDMX (2 mil 280), Chihuahua (mil 680), Guanajuato (mil 231) y Tamaulipas (1,2012).
¿Cómo se encuentran los albergues en México?
—Antes de la ley en 2014 no había muchos controles para los hogares, para ver si cumplían con los estándares mínimos. Ahora estamos en ese proceso para ver si los espacios que se dedican para el alojamiento son adecuados o están hacinados. Ahora las procuradurías tienen que registrar y están en ese proceso, y se está viendo que el número es más elevado que lo que se dice. En América Latina se tiene la tendencia de institucionalizar; es decir, poner a niños en situación de vulnerabilidad en hogares pensando que sea una obra de caridad o que pueda ayudar.
¿Se garantiza el derecho a la salud, a una vida digna, en esos espacios?
—Depende, necesitamos más información. Una tarea importante para México es no sólo saber cuántos niños hay, sino qué calidad se les está ofreciendo en esos hogares y qué perfiles tienen los niños.
Con la información que ustedes tienen, ¿cómo viven?
—Acceso a los servicios básicos, lo tienen, pero creo que el tema es la profesionalización y los modelos de atención integral para un desarrollo más completo. Yo me he encontrado con hogares privados donde no hay suficiente personal, no hay un programa integral educativo. Faltan programas más sólidos, el tema crítico es escasez o la profesionalización del personal.
¿La corrupción es un tema que se ve en los albergues públicos?
—Se pueden dar intereses, hay evidencias de que se vuelve como un negocio mantener a niños en hogares, por los recursos que reciben. Es una evidencia global que puede haber intereses económicos atrás. Por muchos años se pensó que eso era lo mejor para el niño, se pensó que era una obra de caridad ayudarlos de esa forma, pero el hogar así no es lo mejor para el niño.
Dijo negocio. ¿Los niños son explotados en las casas hogar?
—No tenemos evidencias ahora, sí los hubo. Pero si sabemos de un caso, lo llevamos a investigación. Es posible que estén envueltos en ese tipo de violencia: 37 de cada 100 niños son más expuestos a la violencia en una casa hogar que si estuvieran con su familia.
¿Qué le urge a México para la protección de los derechos de la infancia?
—Que todas las instancias de gobierno se involucren en el tema y que las procuradurías de protección tengan recursos y personal capacitado. Se debe monitorear, supervisar, reducir sus tamaños y migrar a otras modalidades con programas de familias ajenas. Más de 30 [niños] es una macroinstitución que no puede ofrecer un cuidado. En México casi todos los hogares tienen más de 30. Lamentablemente sí hay o hubo casos de venta de menores en casas hogar, pueden ocurrir; por eso es la oportunidad de poner orden. Si no controlas como Estado, es posible que por las ganancias que se obtienen pueda ocurrir.
Entonces, ¿el menor es un negocio?
—Lo puede ser, en la explotación, la trata, la venta; lamentablemente sí. El niño está más desprotegido en un albergue, y la trata, la explotación y el abuso son una amenaza si no tienen una familia que los proteja, o luego es la misma familia.
¿UNICEF cómo apoya al gobierno mexicano?
—Asistencia técnica para el registro, también con los estándares que necesitan.
¿Existe el riesgo de que pueda colapsar el sistema del DIF con la política migratoria de EU?
—No lo creo, hay que prever que podría haber un aumento de niños que tienen que ser atendidos por el Estado. Repatriados de EU a México, en 2016 fueron 12 mil, y 9 mil eran no acompañados. Por otra parte, centroamericanos que se detectaron en México fueron 40 mil, de los que 18 mil eran no acompañados; de esos, 22 mil fueron retornados a sus países.
¿Dónde están los no acompañados?
—Por ley tendrían que estar en albergues del DIF, o si se tiene un convenio con albergues privados, ahí pueden estar. En otros casos se da la permanencia en la estación migratoria y esa práctica debe desaparecer.
