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El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pidió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dar a conocer toda la información disponible del nuevo y antiguo índice para medir la pobreza en el país, incluida su metodología empleada.
Lo anterior, luego de que un ciudadano solicitó conocer toda la información disponible sobre los índices para medir la pobreza, tanto el que actualmente se construye, como el previo.
Sin embargo, el Inegi se declaró incompetente y señaló que lo requerido le corresponde al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Inconforme, el particular interpusó un recurso de revisión ante el Inai, en el que manifestó que el Inegi es competente, toda vez que realiza estudios de inflación y de pobreza.
En alegatos, el sujeto reiteró su respuesta inicial.
En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Joel Salas Suárez, después de la revisión de la normatividad,así como a una búsqueda exhaustiva de información pública, hizo notar que si bien el índice para medir la pobreza pudiera resultar ser competencia del CONEVAL, también lo es del Inegi, pues cuenta con facultades para medir la pobreza en el país.
Se indicó que el sujeto obligado realizó una interpretación restrictiva de lo solicitado, pues se enfocó única y exclusivamente al índice para medir la pobreza, sin entender y atender en su conjunto lo solicitado.
La ponencia subrayó que el particular no se encuentra solicitando únicamente el índice para medir la pobreza, sino que requiere toda la información relacionada con la metodología que utilizaba anteriormente, así como aquella que ahora utiliza, para medir la pobreza.
Incluso se advirtió que un cambio realizado por parte del Inegi en la captación de Condiciones Socioeconómicas, podría ser la información que daría respuesta a la solicitud del particular.
Salas Suárez destacó la importancia de conocer la información, toda vez que la medición de la pobreza es un insumo fundamental para la toma de decisiones gubernamentales en la materia.
“Por lo tanto, cualquier modificación en la metodología debe ser pública y cada una de las etapas del proceso debe darse a la vista de todos. Los expertos académicos y de la sociedad civil organizada han estado pendientes al respecto”, dijo.
cfe
