Centros de detención de Michoacán presentaron situaciones de riesgo en materia de tortura o maltrato durante la visita de seguimiento realizada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El MNPT emitió dos informes de seguimiento que describen que las acciones desarrolladas para atender las situaciones señaladas en una primera visita no lograron mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad.
Personal del Mecanismo visitó en octubre de 2016 veinte lugares de detención bajo la competencia de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. También acudió a 16 separos de Seguridad Pública destinados a la aplicación de sanciones administrativas de arresto en los municipios de Acuitzio, Apatzingán, Ario, Erongarícuaro, Hidalgo, Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, Salvador Escalante, Tacámbaro, Taretan, Tingambato, Tzintzuntzan, Uruapan Y Zitácuaro.
En estas visitas se constataron 214 situaciones de riesgo, de las cuales 104 persistieron en la segunda visita, 42 presentaron avances y 68 se erradicaron.
El MNPT, en coordinación con personal de la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán realizaron las visitas de seguimiento en las cuales verificaron el trato y las condiciones de estancia para las personas privadas de la libertad.
En estos recorridos se analizaron y evaluaron las condiciones y el respeto a los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
En la inspección del MNPT se realizó una visita inicial al Área de Separos de la Procuraduría General de Justicia local, en donde se detectaron cinco situaciones de riesgo.
Las siatuaciones que detectó el Mecanismo en los lugares de detención que dependen de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán es que no hay un presupuesto destinado a la alimentación de personas detenidas; las condiciones de higiene son deficientes y se carece de personal médico para cubrir turno nocturno y fines de semana.
En los lugares de detención que dependen de la Secretaría de Seguridad Pública se observó que no hay separación entre procesados y sentenciados; el personal no ha recibido capacitación en materia de derechos humanos y prevención de la tortura; los alimentos suministrados son insuficientes y los establecimientos están en malas condiciones de mantenimiento e higiene.
En tanto, los centros de internamiento que dependen de los ayuntamientos carecen de planchas para dormir y en varias de ellas faltan inodoros, lavabos y no cuentan con agua corriente; no se provee alimentos a los arrestados debido a que no se asigna una partida presupuestal para tal efecto; no existe reglamento interno, ni manual de procedimientos para regular la actuación de las autoridades desde el ingreso, durante la estancia y egreso de las personas privadas de la libertad; el servicio médico carece de equipo e instrumental médico, medicamentos y material de curación y el personal no ha recibido capacitación en materia de prevención de la tortura y derechos humanos.