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La Arquidiócesis primada de México consideró que en el país se vulneran los derechos humanos de los ministros de culto, y que el laicismo vive una “condición hipócrita” por ello hizo un llamado a revalorar las relaciones entre el Estado y la Iglesia para actualizar las leyes en materia de libertad religiosa.
A través del editorial del semanario religioso Desde la Fe, se expresó que es momento de modificar la “anquilosada” Ley de Asociaciones Religiosas dado que a nivel constitucional existen preceptos atentatorios de derechos humanos que son incompatibles con la moderna laicidad.
Autoridades eclesiásticas explican que en el artículo 130, inciso e, de la Constitución se somete a los ministros de culto para ponerlos en una condición infame y lesiva al prohibir su legítimo derecho de asociación. “Los absurdos preceptos, fruto podrido de laicismo, consideran justo privar, a ciudadanos mexicanos que han optado por un ministerio, del derecho de opinión, arrinconándolos y etiquetándolos más abajo que ciudadanos de segunda. A pesar de que se nos ha vendido la idea de gozar de un régimen de libertades y respeto de la pluralidad, la verdad es otra”.
De acuerdo con el texto citado, a 25 años de que con el fin de “modernizar” las relaciones Estado – Iglesia se reformaron los artículos 3, 5, 24, 27 y 130 de la Constitución, es momento de debatir en los temas pendientes de libertad religiosa; sin embargo, aseguran que es necesario un diálogo con legisladores y políticos convencidos del auténtico Estado laico.
Pues “sólo se dialoga con gente racional y capaz de aceptar el reconocimiento más amplio del derecho fundamental de libertad religiosa y sus implicaciones. Sentarse con laicistas energúmenos y fanáticos sería inútil y estéril”.
El editorial destacó que México parece quedar “a la saga” en materia de libertad religiosa, a pesar de las recientes reformas a los artículos 24 sobre el derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y el 40 sobre la condición laica del Estado mexicano.
En este sentido, se recordó que en junio de 2011, la carta magna sufrió reformas “de gran calado” que modificaron el régimen de garantías individuales para reconocer los derechos humanos y por ello aseguraron que hace falta una revisión al derecho de libertad religiosa y la actualización de la Ley de Asociaciones Religiosas porque parece “anquilosada” y “a nivel constitucional, subsisten preceptos atentatorios de derechos humanos incompatibles con la moderna laicidad”.
El texto titulado “Libertad religiosa en moderna laicidad” señaló que otro elemento “nocivo del apolillado laicismo” es la negación de la objeción de conciencia, ya que la legislación internacional de derechos humanos reconoce, como condición indispensable de la libertad religiosa, que cualquier persona pueda argumentar razones de conciencia y de religión contra cualquier ley injusta e inmoral lesivas de sus convicciones más íntimas. “La legislación mexicana está asida al irracional argumento que dice que nadie puede oponerse a las leyes del país, incluso si éstas arremeten contra la vida y la dignidad de las personas”.
Por ello expresaron que “En este laicismo, México vive una condición hipócrita al atentar contra el justo derecho de los padres para que sus hijos reciban educación religiosa en las escuelas. Y es hipócrita porque la ideología de género y lobby gay pretenden introducir en las aulas ideas nocivas y contrarias a las convicciones de millones en desacuerdo con esta imposición ideológica. Efectivamente, en este país no existen garantías para lograr la educación integral y libre conforme al derecho de los padres de familia”.
El artículo editado por la arquidiócesis que encabeza Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, subrayó que la legislación internacional ha reconocido a la cultura como parte del desarrollo individual y colectivo, y al respecto afirman que el patrimonio religioso de la nación es de los más ricos del mundo; “sin embargo, en México hay gran peligro de destrucción de templos y lugares históricos arrasados por el paso del tiempo y la mezquindad de funcionarios incapaces de aplicar los recursos necesarios para salvar esta riqueza cultural. Mientras el presupuesto se dilapida en fiestas y gastos burocráticos inútiles, las iglesias deben mendigar lo que justamente les corresponde para sostener los inmuebles propiedad de todos los mexicanos”.
Por último, el editorial hace hincapié en que las asociaciones religiosas son privadas del derecho de adquirir medios de comunicación cayendo en la misma simulación que se pretendió acabar en 1992, además de subsistir la concesión de ridículos permisos municipales y federales para celebrar actos de culto público en las calles. Todo esto limita el derecho de libre difusión de las ideas.
