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La Asamblea Consultiva del Conapred exhortó al Ejecutivo federal a instrumentar políticas públicas que garanticen la igualdad de trato de las trabajadoras del hogar con el resto de los empleados, en particular en lo relativo a los derechos laborales, seguridad social, salud y vivienda.
En un comunicado del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), pidió también instruir a las autoridades competentes a cumplir con su obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de estas trabajadoras.
En el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, instó además a las dos cámaras del Congreso de la Unión a reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social, a fin de derogar el régimen de excepción laboral al que están sometidas estas empleadas, ya que es incompatible con los principios constitucionales de derechos humanos y no discriminación.
La Asamblea Consultiva del Conapred expresó su profunda preocupación por la ausencia real de derechos laborales y la situación de discriminación que sufren las personas trabajadoras del hogar en México.
En el país, indicó, la mayoría de ellas son mujeres e indígenas que viven, de hecho y por ley, una situación de desigualdad de trato que afecta sus condiciones de trabajo, integridad personal, salud y expectativas de retiro digno.
Señaló que México ha firmado el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), norma internacional que establece los derechos de este sector, pero el Senado de la República no lo ha ratificado para hacer posible su vigencia.
Detalló que 23 países han ratificado y aplicado el convenio, de ellos 13 son naciones de América Latina con condiciones en muchos sentidos similares a las de México.
Los cálculos presupuestales y las previsiones de acción gubernamental no pueden en ningún momento priorizarse sobre los derechos constitucionales, dijo al remarcar que la negativa a garantizar estos derechos obedece a una inercia discriminatoria entre quienes no sólo tienen la decisión, sino también la obligación de terminar con esta situación de injusticia e inconstitucionalidad.
Por ello, reiteró su petición al Poder Ejecutivo federal para presentar a ese órgano legislativo una iniciativa de ratificación, a fin de aprobarlo.
En cualquier caso, indicó, estos poderes tienen el deber, fundado en la Constitución, que exige trato no discriminatorio y derechos iguales para todas las personas, de terminar con el régimen de excepción laboral, sanitario y de bienestar social que sufren las casi 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar en México.
afcl
