La Comisión Especial de seguimiento a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) de la Cámara de Diputados, solicitó a la Auditoria Superior de la Federación (ASF), auditar al grupo aeroportuario responsable de construir, administrar, operar y explotar el proyecto.
El presidente del órgano legislativo, Rafael Hernández Soriano (PRD), informó que en la petición también se hace referencia a llevar a cabo una fiscalización al esquema financiero del proyecto del Nuevo Aeropuerto, los ingresos históricos, la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).
Recordó que en la reunión con el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Federico Patiño Márquez, se acordó trabajar con la organización Transparencia Mexicana, a fin de propiciar el intercambio y la publicidad de información respecto a las licitaciones, adjudicaciones y rendición de cuentas de este proyecto; sin embargo, indicó no se ha dado cumplimiento.
“Teníamos un acuerdo que se tomó en el seno de esta comisión para que Transparencia Mexicana fungiera como una instancia de seguimiento, presentamos el convenio y no ha sido aceptada por este grupo, y eso es algo que marca la Ley General de Transparencia, y al negarse se prende un foco rojo”, manifestó.
Hernández Soriano destacó la importancia de conocer claramente la integración de los montos financieros para la edificación de la nueva terminal aérea, ya que la cifra aumenta constantemente por efecto de la inflación y la paridad cambiaria, “hace un mes se estimó en 186 mil millones de dólares, pero sigue creciendo”, sostuvo.
“Son montos multimillonarios que requieren esclarecerse y están siendo colocados en una caja negra que se llama fideicomiso privado, pero se requiere abrir, porque hay recursos públicos y se necesita información precisa”, apuntó.
En el documento entregado a la Auditoria se solicita fiscalizar las actividades de administración, ejercicio y aplicación de recursos públicos vía los fideicomisos 80726 y 2172 para el desarrollo de la nueva instalación aeroportuaria y la ejecución apropiada con las mejores condiciones para el Estado, efectuadas con recursos públicos.
Además de examinar el título de concesión otorgado a dicho al Grupo Aeroportuario, incluyendo los criterios de su vigencia por 50 años, con una posible ampliación por el mismo tiempo, y las proyecciones y condiciones financieras de esa figura.
La Comisión Especial precisó que derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la ASF llevó a cabo un total de siete auditorías al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y al Aeropuerto Internacional, por las que promovió 78 acciones: 32 recomendaciones, dos promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, nueve solicitudes de aclaración, 23 pliegos de observaciones y 12 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
“De acuerdo con la ASF, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., no cumplió las disposiciones legales normativas aplicables en la materia, ya que se adjudicaron directamente contratos de obra pública y de servicios a empresas con propuestas que resultaron caras y mal integradas, lo que no posibilitó el cumplimiento del objetivo del proyecto, generando un sobrecosto en la ejecución de los trabajaos y servicios de 141, 327.6 miles de pesos”, refiere el texto.
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