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Sin entrar al fondo del asunto, la discusión sobre la procedencia de la inconstitucionalidad de la llamada Ley Atenco dividió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante la sesión ordinaria del Pleno de la Corte, los ministros continuaron el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México.
Anteriormente, el ministro Alberto Pérez Dayán propuso desechar la acción promovida por la mayor parte del Congreso del Estado de México que impugnó todo el texto legal, al considerar que ellos mismos pudieron frenar su promulgación y sólo buscaron el control constitucional como instrumento de “consulta pública”.
Hoy los ministros Norma Lucía Piña Hernández y José Fernando Franco González Salas, se pronunciaron en contra de esta propuesta.
Con esto, sus argumentos se sumaron a los que hicieron valer el lunes pasado los ministros José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea quienes indicaron que no había impedimento para pronunciarse formalmente sobre el asunto.
A favor de la propuesta del ministro Pérez Dayán, se pronunciaron Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Luna Ramos, quienes indicaron que de admitir a estudio la inconstitucionalidad promovida por el Congreso Local se estaría entrando en un sistema de consulta pública.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto federal como local, no necesitan justificación si vienen a representar a ciudadanos o lo hacen como órganos de protección o como ombudsman, pero aquí el Congreso nos transmite las inquietudes de sus representados, como quien dice coloquialmente les diría: precisamente para eso fueron electos y para eso están ahí, para precisamente escuchar, discernir y aprobar una ley”, indicó el ministro Laynez Potisek.
En consecuencia, hasta el momento los ministros sumaron cuatro votos a favor de la propuesta técnica de Pérez Dayán y cuatro en contra.
El próximo lunes retomarán el asunto para que los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora y el Presidente del Máximo Tribunal, Luis María Aguilar Morales; se pronuncien al respecto con lo que se definirá si el Pleno analizará la inconstitucionalidad de toda la ley o sólo de unos artículos.
Pues la CNDH y la Comisión de Derechos Humanos local sólo combatieron los artículos relacionados con la violación a los principios de necesidad absoluta y de última razón para el uso de la fuerza pública.
