El coordinador de la bancada del Partido Encuentro Social (PES) en la Cámara de Diputados, Alejandro González Murillo, aseguró que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) representan una solución viable y fuente de trabajo formal para los miles de mexicanos que podrían ser deportados por el gobierno de Estados Unidos.
Ante las políticas migratorias que ha implementado el gobierno de Donald Trump, el legislador vio un área de oportunidad para los mexicanos que sean regresados del vecino país del norte.
Murillo indicó que ante las amenazas de la coyuntura internacional en materia comercial, “son necesarias reformas legales para apoyar y fomentar la creación de las Mipymes, base de la economía mexicana”, sostuvo en un comunicado.
“Ante estos momentos de adversidad financiera global, se requiere detonar la economía y, para ello, en Encuentro Social presentamos propuestas legislativas serias”, indicó el coordinador de la bancada del PES en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Según datos del censo económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2014, había 5 millones 654 mil 14 empresas que daban empleo a 29 millones 642 mil 421 de hombres y mujeres, refirió el coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados.
En ese contexto, González Murillo sostuvo que hoy más que nunca se debe apoyar y fomentar la creación de las Mipymes, para contribuir a la recuperación de la planta productiva nacional.
Por ello, el legislador federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para establecer que la Secretaría de Economía (SE) promoverá, orientará, fomentará y estimulará el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, a través de la implementación de programas, proyectos y fondos públicos.
En su iniciativa, precisó que con la propuesta se busca impulsar la puesta en marcha de programas, políticas y fondos públicos que estimulen el desarrollo de las Mipymes, como factores económicos que contribuyan a la creación de una planta productiva nacional competitiva, que desinhiban la economía informal, generen empleos dignos y favorezcan la reactivación económica de nuestro país.
Aseguró que la certeza jurídica es uno de los beneficios concretos de la reforma, que además protege a las Mipymes de la eventual desaparición del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) o de sus programas.
