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Autoridades de los tres niveles de gobierno recibieron una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos fundamentales de más de 200 jornaleros del Valle de San Quintín, en Ensenada, Baja California.
LA CNDH emitió una recomendación dirigida a Francisco Arturo Vega de Lamadrid, gobernador de Baja California; Marco Antonio Novelo Osuna, presidente Municipal de Ensenada; Luis Enrique Miranda Nava, Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL); Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS); Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública (SEP), y a Mikel Arriola Peñalosa, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por los hechos ocurridos el 17 de marzo de 2015, cuando se realizó la detención arbitraria de jornaleros que se manifestaban en protesta por las inadecuadas condiciones laborales.
La Recomendación 2/2017 deriva del expediente CNDH/6/2015/2338/Q, donde se consignó que el 17 de marzo de 2015 agentes de seguridad pública estatales realizaron una detención arbitraria en agravio de más de 200 personas jornaleras agrícolas, entre las que se encontraban mujeres y aproximadamente 50 menores de edad, quienes mantenían bloqueada la carretera Transpeninsular en protesta por sus inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social.
Los jornaleros denunciaron que sus contratantes no les pagan un salario digno, horas extra, turnos dobles o triples que laboran; además, no los afilian al IMSS, no les otorgan las prestaciones de ley, ni respetan los beneficios por gravidez conforme a la norma aplicable.
La CNDH confirmó el uso injustificado de balas de goma, bombas de humo, así como lesiones a personas y daños en viviendas por la carencia de una efectiva supervisión de la actuación de los elementos de seguridad y la falta de aplicación de protocolos conforme a los estándares de uso de la fuerza, así como de dispositivos no letales.
Respecto a la situación de las mujeres jornaleras, la Comisión detectó que las condiciones laborales violentan los derechos humanos y que las jornaleras, ante un estado de necesidad y por desconocimiento de sus derechos laborales, aceptan trabajar sin que exista contrato escrito, cubren jornadas excesivas, no hay una homologación en los salarios por igual trabajo, no cuentan con vacaciones, días de descanso u otras prestaciones de ley.
En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, conmemorado este 20 de febrero, el Organismo a cargo de Luis Raúl González Pérez, exhortó a las autoridades a emprender acciones para impulsar una justicia social humanitaria y asegurar la cobertura de los satisfactores elementales para gozar de una vida digna y bienestar social.
Recordó que en México hay 55.3 millones de personas viviendo en la pobreza, de las cuales más de la quinta parte (alrededor de 11.4 millones) viven en pobreza extrema.
De acuerdo con la Medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), para 2014, esos 55 millones de mexicanas y mexicanos percibieron un ingreso menor al valor de la línea de bienestar, y padecieron al menos una carencia respecto de los derechos humanos de orden social, como son: alimentación, educación, salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos.
Al gobernador de Baja California, el Organismo recomendó presentar la iniciativa de ley pertinente ante el Congreso local, para que se armonice la normatividad estatal en materia de atención a víctimas con la Ley General de Víctimas; elaborar un diagnóstico de la situación socioeconómica y laboral de las personas jornaleras agrícolas en la entidad, para iniciar un programa emergente de trabajo; así como instruir a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado para que incremente las inspecciones anuales, fortaleciendo la vinculación con autoridades federales e iniciando los procedimientos administrativos respecto de los patrones o empresas agrícolas que incumplan con sus obligaciones laborales.
Al presidente Municipal de Ensenada y al gobernador se les pidió brindar atención médica y psicológica a las víctimas, y ordenar la inscripción de los afectados en el Registro Nacional de Víctimas, proporcionándoles asistencia y asesoría para que accedan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Al titular de la SEDESOL se le requirió celebrar convenios en beneficio de la población jornalera agrícola en la entidad, o actualizar los existentes; vigilar las instancias ejecutoras del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) y supervisar el otorgamiento de apoyos para la instalación y/o mejora de albergues, para el arribo, alimentación y/o educación de personas jornaleras y sus familias, y ver nuevos casos susceptibles de incorporarse a esos beneficios.
La CNDH solicitó que el titular de la SEDESOL elabore de manera conjunta con el titular del IMSS un diagnóstico o censo de la situación de las personas jornaleras agrícolas en ese Estado; impartir a los servidores públicos un programa integral anual y progresivo de formación y capacitación en derechos humanos.
Al Secretario del Trabajo y Previsión Social Federal se recomendó formular las propuestas de modificaciones legislativas o administrativas, conforme a su competencia, para garantizar el derecho humano al trabajo, así como aquellas que trasciendan a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado de esa población; y en coordinación con el gobierno estatal, elaborar un padrón de empresas y patrones agrícolas del estado, actualizándolo semestralmente; e impulsar un Programa de Movilidad Laboral y fortalecer las acciones para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y colaborar con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, para que todas las empresas agrícolas se incorporen de manera obligatoria a los Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación en la Producción Primaria de Vegetales y el Buen Uso y manejo de Agroquímicos.
A Aurelio Nuño se le requirió instruir la celebración de convenios de coordinación o concertación para el beneficio educativo de la población jornalera agrícola y sus familias, sean o no residentes en ese estado, atendiendo a la diversidad étnica, lingüística y cultural de ese grupo poblacional.
A Mikel Arriola Peñalosa le pidió que instruya a su delegado en Baja California, para que establezca un programa anual de visitas a empresas y patrones del giro agrícola y, en su caso, inicie los procedimientos administrativos por incumplimiento de la normatividad en materia de seguridad social; participar con las autoridades federales y locales en materia laboral en las visitas e inspecciones que realicen y en el intercambio de información; instruir programas continuos de difusión multiculturales para que los trabajadores agrícolas se afilien e incremente el número de personas aseguradas; la difusión entre los trabajadores de sus derechos laborales y de seguridad social, y habilitar mecanismos de recepción de denuncias.
