La Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) se dirigió a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia y rendición de cuentas monitorear el proceso de selección del nuevo titular del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que concluirá el próximo 14 de febrero.

La ASA considera fundamental blindar el proceso de selección del nuevo director del INSP que es una de las pocas entidades públicas que ha logrado cumplir de manera exitosa su visión de convertirse en el centro de investigación y docencia líder en América Latina en la formación integral de la fuerza de trabajo en salud pública, y en la generación de conocimiento de referencia obligada para la formulación, organización y conducción de políticas públicas para la salud de alcance nacional y regional.

En el marco de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, se pide la participación de estas organizaciones civiles expertas en anticorrupción, rendición de cuentas y transparencia para que funjan como monitores en el proceso de designación del director general del instituto. A fin de asegurar que el proceso cumple con una política de integridad.

Aunque la Ley tiene un año para entrar en vigor a partir de su publicación, es necesario incorporar su principios a la vida pública en decisiones tan relevantes como esta.

La salud pública y, en especial, el combate a las enfermedades no transmisibles, como la obesidad y la diabetes, que hoy en día se han convertido en las principales epidemias en el mundo y, de manera especial, en nuestro país, requieren del desarrollo de políticas basadas en evidencia científica.

La cual termina por afectar poderosos intereses económicos. La ASA señala que estos intereses económicos que no sólo competen a la industria de alimentos y bebidas, también a las farmacéuticas, han visto una amenaza en la evidencia científica elaborada en el INSP y tienen un gran interés en cooptar esta institución. Como ha señalado la directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, “Cuando las políticas de salud pública son interferidas por los intereses económicos creados, nos encontramos con una gran oposición, una oposición muy bien orquestada y una oposición muy bien financiada”.

Debido a esto es necesario para el país mantener un instituto de excelencia académica y libre de todo conflicto de interés para proveer la base científica para, como lo establece su visión, “la formulación, organización y conducción de políticas públicas para la salud”.

La ASA ha solicitado a Fundar, Artículo 19 y Transparencia Mexicana, monitorear el proceso de designación pública bajo los criterios que estas organizaciones han desarrollado poniendo énfasis especial en: la definición del perfil ideal para esta institución; el perfil y grado académico de los concursantes; evaluación del posible conflicto de interés y probada independencia de intereses corporativos en el historial profesional; definición de los mecanismos de evaluación de acuerdo a ese perfil y plena correspondencia entre la decisión tomada y la evaluación.

afcl

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