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Señor Director:
En la columna titulada “No se vale, señor Gobernador”, de la autoría del Dr. Enrique Cárdenas Sánchez, publicada el pasado viernes 20 de enero, se expresan múltiples imprecisiones que me permito aclarar detalladamente a continuación.
Los datos que el Gobernador de Puebla mencionó en su sexto informe respecto a la deuda pública de la entidad son absolutamente verídicos y están respaldados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Durante su administración no se dispuso de un solo peso de deuda y, por el contrario, al mes de septiembre de 2016 la deuda heredada de la administración anterior se había reducido en $742 millones de pesos.
Efectivamente, la Auditoría Superior de la Federación emitió un documento donde se presentan los pasivos de las diferentes entidades de la República. Para el caso de Puebla la cifra de pasivos por 24 mil 655 millones de pesos es correcta y fue informada por el propio Estado dentro de la Cuenta Pública 2015.
Sin embargo, la interpretación que se le da a la misma es incorrecta, pues no se trata de deuda adicional. Estos pasivos incluyen la Deuda Directa del Estado de Puebla, contraída por la administración anterior y heredada por la actual. Esta cifra también incluye otros conceptos que no son deuda y que se encontraban respaldados con efectivo en las cuentas bancarias del Estado.
De los 24 mil 655 millones de pesos:
- 8 mil 579 correspondían a pasivos derivados del Proyecto de Inversión de la Plataforma Audi, obra que permitió atraer una inversión directa al estado de 1 mil 300 millones de dólares;
- 8 mil 541 millones eran fundamentalmente recursos municipales derivados de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33 y de las Participaciones. Estos recursos los recibe el Estado de la Federación y los transfiere a los ayuntamientos dentro de los primeros días de cada mes. A la fecha de corte del estado de cuenta publicado, es decir, al cierre de diciembre de 2015, los recursos para solventar este pasivo contable estaban íntegramente respaldados en la Tesorería, y, en la fecha prevista, fueron entregados en su totalidad a los municipios, de acuerdo con la normatividad vigente.
- 5 mil 522 millones de pesos correspondían al saldo de la deuda directa heredada por la pasada administración estatal a pagarse a largo plazo;
- 743 millones eran fondos ajenos, en custodia, principalmente, de la Fiscalía General del Estado y recursos del SOAPAP para hacer frente al pago de su deuda;
- 734 millones y 93 millones, respectivamente, constituyen la previsión para el pago del proyecto de inversión de la plataforma de Audi y de la deuda directa heredada, a realizarse durante los siguientes doce meses.
Como se puede observar, estos recursos están constituidos por pasivos reportados previamente, como la deuda heredada y el APP de la plataforma de Audi, por recursos ajenos en custodia y por recursos correspondientes a los municipios, depositados por la Federación en las cuentas bancarias de la Tesorería estatal y que, por no estar destinados al Estado, se registran como un pasivo contable. Esto demuestra que no existe ni deuda oculta, ni compromisos adicionales, como afirma la citada columna.
Por otro lado, el Dr. Cárdenas maneja una cifra de 22 mil 476 millones de pesos por concepto de “obligaciones comprometidas en el Fideicomiso F/0144 garantizados con la recaudación del Impuesto sobre Nómina”. Es preciso señalar que se desconoce el origen de las cifras mencionadas, dado que en ningún caso las obligaciones a cargo de dicho Fideicomiso prevén tales montos.
En relación al ejemplo concreto que menciona sobre el Museo Internacional del Barroco, consideramos que la comparación que realiza es inadecuada ya que, a la fecha, en todo el país, no existe ningún museo con los estándares del MIB, tanto en lo concerniente a su proceso de construcción, como en lo referente a las condiciones de equipamiento para mantener la humedad, la temperatura y la iluminación necesarias para preservar en condiciones óptimas las obras que se exhiben.
El MIB fue concebido para ser un centro cultural y educativo, de documentación e investigación, de restauración de arte y del uso de la tecnología interactiva, además de un punto de encuentro social y una atracción turística para la ciudad.
Es meritoria la preocupación por el cuidado de los recursos públicos en cualquier rubro, sin embargo, desemboca en conclusiones equívocas e insuficiente cuando la auscultación se realiza con base en referentes, comparaciones y parámetros inadecuados.
En congruencia con el principio de transparencia que ha caracterizado a esta administración estatal, tanto el contrato del Fideicomiso como copias de los estados de cuenta del mismo, han sido entregados a todos los ciudadanos que los han solicitado.
La negativa de información a que se hace referencia está relacionada a una cuenta que no es parte del Fideicomiso. Dicha cuenta, propia del Estado, registra ingresos y egresos de todo tipo, entre los que se encuentran los ingresos por los remanentes de la recaudación del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP). Este impuesto, en primera instancia, se transfiere al patrimonio del Fideicomiso F/0144 y, una vez cubiertas las obligaciones de pago a que hubiere lugar, regresa al Estado para su libre uso, junto con los intereses generados, al final de cada mes, y a la cuenta referida.
Pero, además, dicha cuenta registra recursos efectivamente transferidos, en estricto apego a la normatividad aplicable, y en algunos casos, a cuentas bancarias cuyos titulares son proveedores y/o prestadores de servicios del Gobierno del Estado, por lo que, de divulgarse tales estados de cuenta, se pondría en riesgo la seguridad de dichos proveedores y/o prestadores de servicios. Los datos personales que tendrían que ser revelados para dar cumplimiento a la solicitud referida podrían implicar vulnerar la seguridad de la persona, bienes, posesiones o familia de los contratistas involucrados.
Cabe destacar, que el Gobierno del Estado de Puebla no tiene problemas financieros y es totalmente transparente en el manejo de los recursos públicos. El Estado ocupa el primer lugar nacional en transparencia presupuestal de acuerdo con el IMCO, el primer lugar nacional en el índice de transparencia fiscal de acuerdo con Aregional y sus finanzas son auditadas todos los años por el reconocido despacho Price Waterhouse Coopers. Adicionalmente, las finanzas del Estado tienen grado de inversión (Aa3.mx) de acuerdo con la calificadora internacional Moody’s; y en 2013, la Fitch Ratings subió la calificación a la Calidad Crediticia de la Deuda Pública del Estado de A+(mex) a AA-(mex), lo que posicionó a Puebla dentro de los cinco estados mejor calificados del país. Ninguna de estas instituciones, reconocidas por su imparcialidad y seriedad, hubieran avalado la responsabilidad en el manejo de recursos y transparencia en su uso, de ser fundada la suspicacia que se deja entrever en la columna del Dr. Cárdenas.
Finalmente, por atañer a las prioridades de esta Administración, aclaramos que en Puebla no aumentó la pobreza y, de hecho, disminuyó el número de personas en condición de pobreza extrema. De acuerdo a la última evaluación de CONEVAL e INEGI, Puebla mejoró en los siete indicadores que miden el bienestar de la población y en cuatro de ellos, ocupó el primer lugar nacional, por el avance registrado.
484 mil nuevos poblanos tuvieron acceso a servicios de salud.
350 mil nuevos poblanos dejaron de padecer hambre.
217 mil nuevos poblanos tuvieron acceso a servicios básicos en la vivienda.
Además, Puebla elevó el ingreso promedio de los hogares 22.1%.
Según reportó CONEVAL, 67 mil personas superaron la pobreza extrema, respecto a la última medición, dato que ubica a Puebla como la segunda entidad con mayor avance en la materia a nivel nacional.
Adicionalmente, Puebla fue el Estado del país que más avanzó en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, al registrar una tasa de crecimiento de 3.7, mientras que la media nacional fue de 2.4. Nuevamente, las instituciones externas y acreditadas dan cuenta de que las cuentas rendidas en el sexto informe de gobierno son fundadas y veraces.
Por lo anterior expuesto y por ser pertinente a la información de sus lectores, solicito de la manera más atenta, la publicación de esta misiva.
Roberto Albiztegui
Director de Medios Nacionales, Gobierno de Puebla
Respuesta del articulista:
En respuesta a la réplica que diera el Gobierno del Estado de Puebla sobre mi columna del pasado 20 de enero, quisiera destacar los puntos siguientes:
Qué bueno que ahora se expliquen los destinos de los pasivos que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación y que se reconozca que entre ellos se encuentran los destinados a la planta Audi, por 9 mil 313.8 millones de pesos. Independientemente de que se trate de “otros pasivos” y el gobierno de Puebla no los quiere denominar “deuda”, el Estado los tiene que pagar.
El dato de los 22 554 millones del Fideicomiso F/0144 proviene de lo señalado por el propio Gobierno a través del Jefe de la Oficina del Gobernador en febrero de 2016. Los datos resultan de multiplicar el monto mensual que se debe pagar por cada uno de los proyectos por el número de meses de los compromisos. Así, el pasivo de la planta AUDI (finalmente reconocido como tal por el gobierno) es de 60 millones de pesos mensuales por 15 años (180 meses), que da un total de 10 mil 800 millones de pesos; los “otros pasivos” no reconocidos en la Cuenta Pública según el propio comunicado del Gobierno y que corresponden al Museo Internacional del Barroco y al Centro Integral de Servicios son: 26 millones de pesos mensuales por 279 meses que suman 7254 millones por el MIB, y 15 millones mensuales durante 25 años (300 meses) que suman 4500 millones por el CIS. La suma de esos tres proyectos es justamente 22 mil 554 millones de pesos. Qué bueno que el Gobierno ya reconozca 9313.8 de ellos que restaba pagar al término de 2015. Las obligaciones del MIB y del CIS no están reconocidos en la Cuenta Pública del Estado, aunque también hay la obligación de cubrirlos.
En cuanto al costo del MIB, si bien se trata de un edificio complejo con equipamiento especial, lo mismo ocurre con casas de 20 millones de pesos. Una casa de ese valor también tiene normalmente equipamiento especial, por lo que 90 mil pesos por metro cuadrado promedio sigue pareciéndome excesivo, sobre todo si se considera ese precio por metro en áreas externas y estacionamiento. En todo caso, para evitar especulaciones, se debería tener acceso a los diversos contratos y licitaciones en línea, si se tratara de un gobierno realmente transparente.
La parte más destacada de la columna, sin embargo, es la relacionada con la operación del MIB: ahí muestro que ésta cuesta tres veces más que lo que cuesta operar el Museo Nacional de Antropología, que es varias veces más grande y complejo que el MIB. Por ejemplo, el MNA tiene 144 mil 810 piezas arqueológicas y etnográficas. ¿Cuántas tiene el MIB?
En cuanto a la información del Fideicomiso que se ha conseguido, ha tomado meses y hasta años lograrlo. La reserva de la información requerida no es razonable pues entonces no existiría “Compranet”.
Finalmente, debo destacar que los datos de pobreza señalados en la réplica no son correctos, toda vez que el propio INEGI declaró que sus cifras de 2015 no son comparables con las anteriores. El Coneval NO ha dado cifras de pobreza de 2015.
Enrique Cárdenas Sánchez
