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La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) identificó a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a un senador, diputados del PAN y del PT, y un alcalde independiente, como los principales promotores de la protesta ciudadana en contra del gasolinazo.
En un análisis criminológico realizado por la División Científica de la Policía Federal, a partir de los sucesos del 1 de enero en contra del alza en el precio de las gasolinas, se señala a Mario Delgado Carrillo, senador por Morena; a Gerardo Fernández Noroña; Blanca Amelia Gámez Gutiérrez, diputada en Chihuahua por el PAN; Óscar González Yáñez, diputado en el Estado de México por el PT, y Alfredo Lozoya Santillán, alcalde de Parral, Chihuahua, como los promotores de las marchas y bloqueos a las vías de comunicación.
El documento menciona que con base en el resultado del análisis de la información se registraron “237 eventos de alto impacto y reconocimiento social” en los que hubo bloqueos, manifestaciones, tomas de gasolineras, retención de unidades de Pemex, robo de combustible y saqueos de comercios.
En consecuencia, hubo afectaciones en 25 entidades, entre ellas, el Estado de México, con casi 60 eventos que impactaron en las actividades de la población en general.
En Chihuahua, de donde es la diputada panista Blanca Amelia Gámez y el munícipe de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, se registraron 25 eventos en los primeros días de enero.
Le sigue Sonora, con 20 acciones de alto impacto, Michoacán, la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Morelos y Chiapas, entre 10 y 18 acontecimientos; entre nueve y una protesta durante la semana de movilizaciones se encuentran los estados de Baja California, Jalisco, Guerrero, Colima, Durango, Sinaloa, Querétaro, Guanajuato, Veracruz, Zacatecas, Baja California Sur, Coahuila, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala.
La División Científica de la Policía Federal logró ubicar el número de redes sociales que utilizó Andrés Manuel López Obrador para promover las actividades en contra del gasolinazo.
El documento al que tuvo acceso EL UNIVERSAL y validado ante las autoridades registra que López Obrador utilizó cinco cuentas en redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y su página oficial; Fernández Noroña utilizó 4 cuentas: Facebook, Twitter, Periscope y YouTube.
Le sigue el senador Mario Delgado, quien alentó actividades en contra del aumento al precio de las gasolinas en Facebook, Twitter y YouTube; el diputado por el PT, González Yáñez, utilizó Facebook, Twitter y YouTube; Lozoya Santillán, lo hizo mediante Facebook y Twitter; y la diputada panista Gámez Gutiérrez en su cuenta de Facebook.
En el análisis que realiza la Policía Federal, se concluye que son al menos siete estados los que presentan un “alto nivel de riesgo para la comisión de nuevas conductas antisociales y delictivas”. Se trata del Estado de México, Chihuahua, Sonora, Michoacán, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo.
En particular, “el Estado de México se encuentra posicionado en un alto nivel de vulnerabilidad crimino-delictivo como victimológica, puesto que el desarrollo de conductas por parte de sus habitantes ha puesto en riesgo la integridad física como material de terceras personas, así como de instituciones y dependencias de gobierno”, plantea el análisis bajo los logotipos de la Secretaría de Gobernación [Segob], la Comisión Nacional de Seguridad [CNS] y la Policía Federal [PF].
“En el desarrollo de los eventos se han presentado algunas conductas antisociales y delictivas dentro de los diversos estados, generando un grado de peligrosidad y de vulnerabilidad latente para la población, en entendido de lo anterior, concentrándose principalmente en la zona centro, en la Ciudad de México y el Estado de México”.
Se señala a las zonas conurbadas donde existe mayor probabilidad para la comisión de nuevos delitos por los sucesos desarrollados hasta ahora.
También se considera que los llamados a cometer actos vandálicos o toma de vías de comunicación difundidos en las redes sociales incitaron “a la población al desarrollo de saqueos y marchas dentro en los diferentes estados, lo que es considerado como un factor desencadenante para el desarrollo de nuevas conductas delictivas y antisociales”.
Agrega que desde el punto de vista criminológico se comenzaron a imitar los hechos ocurridos en algunos estados, lo que puede generar un alto nivel de vulnerabilidad para la comisión de conductas antisociales en contra de cualquier integrante de la sociedad.
Explica que de acuerdo con el descontento por el incremento al precio de la gasolina, a partir del 1 de enero “se han desarrollado diversos actos en las diferentes entidades federativas, en las que se han manifestado conductas antisociales y delictivas”, insiste.
Enfatiza que a partir de lo ocurrido, ese “comportamiento a comenzado a ser imitado en otros estados, por lo que el aumento de las conductas desviadas pueden presentar un mayor aumento en las distintas entidades, generando un alto nivel de vulnerabilidad para la comisión de conductas antisociales” por parte de los mismos (sic).
Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 79 carpetas de investigación en 18 estados por delitos federales como toma de las vías de comunicación, pipas e intento de toma de instalaciones de Pemex.
Las carpetas iniciadas son por hechos ocurridos a partir del 31 de diciembre de 2016 y hasta el 5 de enero del año en curso y fueron en Hidalgo, con 13 carpetas; le sigue Querétaro con 11; Chihuahua y Estado de México, 7, respectivamente; Morelos y Sonora, 6; Baja California y Sinaloa, 5; Colima, Guanajuato y Puebla, 3; Chiapas, Durango y Veracruz, 2; y con sólo uno Coahuila, Ciudad de México, Michoacán y Tlaxcala.
La Policía Cibernética Federal coadyuva con las autoridades de la Ciudad de México —una de las entidades incluida dentro de las consideradas de alto nivel de riesgo— el para el análisis informático de las cuentas de redes sociales que convocaron al saqueo en las tiendas afectadas.
El corte más reciente que dio a conocer la Secretaría de Gobernación (Segob) indica que van más de mil 500 detenidos, de los que 55% ocurrieron en el Estado de México (655) y la Ciudad de México (178).
En el Estado de México se iniciaron 115 carpetas de investigación por robo con violencia y ataques a las vías de comunicación; 410 de los detenidos fueron ingresados a reclusorios, mientras que en la Ciudad de México fueron 42.
