Más Información
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó violaciones a las garantías fundamentales de una víctima de secuestro y sus familiares, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE).
De acuerdo con la recomendación 67/2016 emitida por la CNDH a los titulares de ambas dependencias, Raúl Cervantes Andrade y Benito Neme Sastré, el organismo encontró evidencias de violaciones a los derechos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y de la existencia de omisiones en la adopción de medidas para resguardar la seguridad de los empleados de CAPUFE que laboraban en la plaza de cobro del Puente Internacional de Camargo, Tamaulipas (PC-30).
Por ello, solicitó a PGR continuar con las indagatorias correspondientes y a CAPUFE realizar un diagnóstico de seguridad en todas las plazas de cobro para implementar las medidas que corresponda.
Ello, derivado de la queja presentada por los familiares del administrador de dicha plaza quien el 24 de abril de 2010, mientras se encontraba laborando, fue secuestrado por un grupo de la delincuencia organizada quienes también se llevaron su vehículo.
Durante un operativo en Nuevo León, para rescatar a 10 víctimas de secuestro, el administrador de la plaza de cobro resultó muerto y personal de la Procuraduría General de Justicia de la entidad envío el cuerpo a la fosa común, a pesar de que contaba con la identificación de empleado de CAPUFE.
Los padres de la víctima presentaron una queja por el envío de su hijo a la fosa común en 2013 y se acreditaron violaciones a los derechos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia y a la verdad, por parte de 10 ministerios públicos federales involucrados en la integración de nueve averiguaciones previas por el secuestro y posterior homicidio del trabajador de CAPUFE.
En abril de 2014, los padres del joven que contaba con 29 años de edad, acudieron a la CNDH para presentar una queja contra la PGR en la que argumentaron que sus investigaciones fueron deficientes, pues a cuatro años de los hechos éstos no habían sido esclarecidos ni se había sancionado a los responsables.
Esto, a pesar de que la delegación de la PGR en Tamaulipas fue la primera autoridad en tener conocimiento de lo ocurrido en 2010 y no realizó las diligencias necesarias para buscar y localizar a la víctima.
Además, señalaron que CAPUFE no tomó medidas para prevenir cualquier atentado contra el personal derivado del contexto de violencia generado por el crimen organizado en Ciudad Camargo, Tamaulipas.
La CNDH detalló que la víctima solicitó por escrito a su jefe inmediato medidas para garantizar la seguridad de la PC-30, de los usuarios y del personal a su cargo.
"Las autoridades de CAPUFE denunciaron el secuestro de su descendiente dos días después de los hechos, esto es, el 26 de abril de 2010, fecha en la que fue privado de la vida", indicó el organismo.
"Este Organismo Nacional tuvo evidencias que permiten acreditar irregularidades en cuatro averiguaciones previas en las que diversos Ministerios Públicos de la Federación omitieron realizar las diligencias necesarias para la correcta y pronta integración de las mismas para esclarecer los hechos en los que la víctima fue privado de la libertad y de la vida. Asimismo, se acreditó la dilación en otras cinco indagatorias consistentes en el retardo en las funciones de investigación y persecución de los delitos, que ha traído como consecuencia que hasta la fecha no se conozca la verdad de los hechos".
En consecuencia, la CNDH solicitó al Procurador General de la República que continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la averiguación previa y sus acumuladas y se agoten las líneas de investigación de manera diligente, eficaz y eficiente.
Que la indagatoria radicada en la delegación de PGR de Nuevo León sea remitida a la de la Ciudad de México para que los padres de la víctima puedan acceder a la averiguación previa, se les garantice su derecho a ser escuchados, entre otros.
"Diseñar e impartir un curso integral a los Ministerios Públicos de la Federación sobre capacitación y formación de derechos humanos, específicamente en atención victimológica, en específico a los adscritos a la Delegación de la PGR en Tamaulipas, UEIS-SEIDO, así como lineamientos para la debida diligencia de la investigación acorde a los estándares internacionales y la aplicación del “Protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada”, “Protocolo de cadena de custodia” y “Protocolo para el tratamiento e identificación forense”.
"Colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos y quejas que se presenten ante la PGR y ante su Órgano Interno de Control, respectivamente, contra los servidores públicos relacionados con las irregularidades cometidas", requirió la CNDH.
A CAPUFE, el organismo acreditó que no tomó las medidas para proteger a su personal y usuarios debido al contexto de violencia en Ciudad Camargo y que cumplió parcialmente los compromisos adquiridos con los padres de la víctima sobre la colocación de dos placas en memoria de su hijo e incumplió con sus prestaciones laborales.
Por lo que solicitó a Benito Neme Sastré, Director General de CAPUFE que realice un diagnóstico sobre la seguridad de las casetas de cobro para implementar medidas, supervisar la operatividad de la vigilancia en todas las plazas de cobro de la dependencia, particularmente en la PC-30, y se garantice la seguridad del personal, usuarios y las instalaciones.
"Se giren instrucciones a quien corresponda para que las víctimas indirectas reciban la indemnización que legalmente les corresponde por el fallecimiento de su descendiente, mostrando de esta manera su solidaridad y sensibilidad por el sufrimiento padecido por el lamentable deceso de su hijo.
"Este Organismo Nacional solicita a las autoridades de CAPUFE reubicar la placa en memoria de la víctima, a un lugar principal y visible al público en el exterior de las instalaciones de la PC-30, y colocar otra placa en las Oficinas Centrales en Cuernavaca, Morelos, señalando hora y fecha para la develación de las placas en presencia de las víctimas indirectas", señaló la CNDH.
