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El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI) señaló que los legisladores yucatecos harán un bloque para defender el decreto 418 del gobernador Rolando Zapata, a fin de que la entidad siga siendo zona libre de cultivos transgénicos.
Esto, luego que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó esta medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Como se ha informado, la Presidencia de la República presentó esta controversia constitucional, argumentando que el Ejecutivo estatal no tiene atribuciones para aplicar ese decreto, puesto que son las dependencias federales las que toman decisiones en torno a los organismos genéticamente modificados, según la Ley de Bioseguridad.
Al respecto, Ramírez Marín indicó que en la próxima sesión de la Comisión Permanente de la Cámara Baja solicitará que comparezca el titular de la Consejería Jurídica, Humberto Castillejos, para que explique las razones del gobierno federal “para combatir ese decreto, que lo único que hace es proteger al territorio de Yucatán.
“Esta medida del gobierno yucateco no está prohibiendo los transgénicos, más bien pide que no se siembren en el estado. La presencia de esos cultivos afectaría la apicultura, y nos dejaría prácticamente fuera de la exportación de miel, actividad de la que dependen miles de familias”, explicó.
Dijo que el consejero “nos tiene que dar una buena explicación”, porque no entienden cuál es el objetivo de combatir un decreto que beneficia a Yucatán, y protege la salud de los pobladores y al ecosistema.
Sobre el mismo tema, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro, señaló que este conflicto con la Consejería ante el SCJN puede significar un buen momento para presentar una controversia constitucional en contra de la Ley de Bioseguridad.
Destacó que tanto los diputados de Yucatán como los de Campeche y Quintana Roo podrían aprovechar e impulsar modificaciones a esa legislación sobre transgénicos, para que sean los estados los que puedan decidir si se cultivan o no esos productos en sus territorios.
Ramírez Marín coincidió en que los diputados “deben hacer más clara la Ley de Bioseguridad”, pero, recalcó, aun como está, Yucatán tiene la razón en este conflicto.
“La ley también señala excepciones, y el gobierno de Yucatán está acogida en una, y es el caso concreto del peligro que representa para la exportación de miel. La ley así como está sí permite a Yucatán crear un decreto, porque no se refiere a una exclusividad, sino a proteger la actividad [apícola]”, explicó.
