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El Ejecutivo federal explica al Senado en respuesta parlamentaria, que con el mercado libre de gasolinas y diésel resultan cambios en “beneficio de los consumidores, al darles mayor posibilidad de elección, empoderándolos con información en tiempo real sobre los precios en su localidad para elegir siempre el mejor servicio”.
Señala que la liberalización de precios “es la señal económica correcta para que se inicien las inversiones en infraestructura y oferta de combustibles, por parte de importadores y actores distintos a Pemex”.
Expone que con este paso “se está creando un entorno de mayor certidumbre para la inversión de empresas privadas en la actividad”.
Reporta, en una segunda respuesta, que “la flexibilización de los mercados de combustibles ocurrirá gradualmente, por regiones, de acuerdo con el cronograma definido por la Comisión Reguladora de Energía [CRE], apoyada en los análisis de la Comisión Federal de Competencia Económica [Cofece]”.
En ese sentido, “ni en las zonas de flexibilización adelantada, ni en aquellas donde ocurra más tarde, se espera pérdida de recaudación”, pues el impuesto especial consiste en una cuota fija al combustible que se venda.
“Mientras una zona no tenga un mercado flexibilizado, se mantendría en un esquema de precios máximos, reflejando los precios de las referencias y los costos de suministro en la zona de que se trate”, explica.
Añade que “en el caso de las gasolinas, tendremos un esquema como el que tienen la mayor parte de los países desarrollados, e incluso los de América Latina, en donde los precios al consumidor reflejan las variaciones en el precio internacional del combustible”.
Condiciones favorables. La mecánica descrita afirma que “la competencia en las distintas actividades de suministro llevará a que los costos [de este eslabón] sean los menores posibles”.
En respuesta a la pregunta “¿Podría explicar de qué forma la liberalización de este mercado beneficiará al país?”, el Ejecutivo centra sus comentarios en las condiciones favorables a la inversión, sin entrar al renglón del valor específico del litro del carburante que regirá en México.
“La flexibilización gradual y ordenada del mercado de gasolinas y diésel, que tendrá lugar durante 2017 y 2018, es uno de los pasos más importante para la consolidación de la reforma energética”, señala.
Agrega que “al permitir que los precios de los combustibles puedan responder a cambios en las condiciones de mercado, se está creando un entorno de mayor certidumbre para la inversión de empresas privadas en la actividad”.
Desde luego, “esta liberalización es la mejor forma de mandar la señal económica correcta para que se inicien las inversiones en infraestructura y oferta de combustibles por parte de los importadores y otros actores del mercado distintos a Pemex”.
Al liberalizarse el precio de los combustibles “México tendría un mercado de combustibles flexible y abierto a la competencia, como sucede en la mayor parte de los países desarrollados. Es a través de esta mayor certidumbre que se pueden atraer inversiones, que el público observará en la forma de nuevas estaciones de servicio y empresas oferentes”, detalla la respuesta enviada al Senado.
El mercado libre de combustibles traerá “mayores inversiones para aumentar y mejorar la infraestructura para la distribución y comercialización de combustibles, [la cual] pueda crecer rápidamente, manteniendo el ritmo del progreso en el país”.
