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El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, mencionó que la Universidad está “muy preocupada” por el proyecto para modificar la Ley General de Archivos, el cual se encuentra bajo el análisis del Senado.
Dicha reforma contempla que el Archivo General de la Nación se mantenga bajo el control de la Secretaría de Gobernación y que se apliquen en ella los principios de protección de datos personales, lo cual permitiría eliminar los nombres de actores relevantes de la historia.
“Nos preocupa muchísimo la Ley de Archivos. Hemos tenido comunicación con los presidentes de las dos cámaras, de Diputados y Senadores, porque así como está y como viene el proyecto de ley, afectaría muchísimo la investigación histórica. Es importante que la Universidad levante la voz. No es posible que esta reglamentación siga así”.
Entre las críticas que han hecho especialistas en la materia está que al tener la Segob el control sobre el Consejo Nacional de Archivos, sea esta dependencia federal la que determine cuánto tiempo se tengan que mantener ocultos los documentos bajo su resguardo, o que con criterios políticos se pudiera decidir destruir algunos documentos, censurar información o dificultar su consulta para historiadores.
En este tenor, el Consejo Universitario se pronunció en el sentido de que los archivos históricos deben ser, al igual que su acceso, públicos; que debe garantizarse el acceso a la documentación y que esta debe “preservarse intacta”.
A través de su máximo órgano de gobierno, la Universidad demanda que la documentación sólo permanezca restringida por causas legalmente justificadas, que se contenga en archivos históricos y se determine un plazo temporal para trasladarla a estos archivos.
“Resulta necesario impulsar una política de autonomía, respaldada por presupuesto suficiente (...) el respeto a los archivos históricos que han constituido una pieza fundamental para el trabajo histórico, el patrimonio cultural y la construcción de la memoria, así como la construcción de una política pública que no esté supeditada a formas del control político”, señala el documento en el cual se demanda un proceso de deliberación público y abierto.
