Más Información
Por violar el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador del Estado de México y a los titulares de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Se trata del caso de la construcción de la Autopista Toluca-Naucalpan que para el proyecto no fueron consultadas las comunidades indígenas otomíes de Xochicuautla y la Concepción; San Lorenzo Huitzizilapan, en el municipio de Lerma, y Santa Cruz Ayotuxco, en el municipio de Huixquilucan.
El organismo que encabeza el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez enfatizó que desde que inició el proyecto el 5 de diciembre de 2006, no fueron consultadas las comunidades por donde pasaría dicha autopista.
“En el expediente CNDH/4/2015/1300/Q también se corroboró que no existió verdadera consulta a los integrantes de la Comunidad Francisco Xochicuautla y su barrio La Concepción, quienes coincidieron en que su intervención tuvo como objeto acudir en calidad de observadores y en caso de pregunta expresa resolver dudas, además de que tampoco autorizaron la expropiación de tierras al SAASCAEM, como lo indica el Decreto Expropiatorio publicado el 9 de julio de 2015”, explicó.
En la Recomendación 56/2016 la CNDH pidió al gobernador Eruviel Ávila Villegas mantener las mesas de diálogo para la solución del conflicto e implementar un Fondo Comunitario en favor de las comunidades indígenas, cuyos recursos se destinen a desarrollar proyectos orientados a aumentar la productividad agrícola o de otra índole, mejorar su infraestructura, restaurar áreas deforestadas y otras actividades que las beneficien.
En lo que respecta a la construcción de la autopista pidió que se valore la modificación del trazo y construcción de túneles que propone la comunidad de Xochicuautla.
A la Semarnat recomendó publicar, en el Diario Oficial de la Federación, una circular que establezca la obligación de los servidores públicos para que, antes de emitir cualquier tipo de permiso o autorización en materia ambiental que afecte a las comunidades indígenas, se observen normas constitucionales y estándares nacionales e internacionales, en consulta previa; se imparta un programa integral de educación sobre el derecho a la consulta de las comunidades indígenas.
“La CNDH recomienda a la Sedatu publicar en el Diario Oficial de la Federación, una circular que establezca la obligación de los servidores públicos de integrar expedientes relacionados con proyectos institucionales en los que se vean afectadas comunidades indígenas”.
Se observen las normas constitucionales y estándares nacionales e internacionales en materia de consulta previa; se imparta un programa integral de educación, sobre el derecho a la consulta de las comunidades indígenas; emita un protocolo en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para implementar consultas indígenas.
