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En el combate a la pobreza en México, el país no sólo se enfrenta al reto de generar políticas públicas para atender a 55 millones de personas que enfrentan una combinación de escaso ingreso y carencias en educación, salud, seguridad social, alimentación, vivienda digna y servicios como luz y drenaje, sino que debe luchar contra temas culturales y costumbres de las comunidades indígenas, en las que los habitantes tienen la impresión de que no necesitan ayuda y no acuden a los hospitales públicos, señala Francisco Javier García Bejos, subsecretario de Evaluación, Planeación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) .
Dice que de los más de 55 millones de personas vulnerables, 11 millones están en situación de pobreza extrema y 44 millones tienen carencias moderadas.
Reconoce que “la pobreza no se abate con decretos ni hay varitas mágicas. Creo que debemos ser optimistas”.
En el largo plazo, las reformas estructurales estarán generando en 2030 un mayor desarrollo, fundamental para abatir la pobreza.
En entrevista con EL UNIVERSAL, García Bejos asegura que el gran reto de la pobreza extrema está focalizado en el sur del país, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas y agregó que la medición multidimensional ayudará a cumplir el objetivo, puesto que el problema va más allá de la simple falta de ingresos, permite saber que el pobre extremo se enfrenta a un obstáculo de ingreso y además a tres o más carencias de sus derechos sociales, y el moderado tiene una o dos carencias, pero vive bajo la línea de bienestar.
García Bejos indica que en materia de pobreza se están dando resultados importantes y alentadores que, aunque no son suficientes, indican que “vamos por buen camino”.
¿Cómo afectará el posible recorte de 4 mil millones de pesos los avances que han tenido los programas de Sedesol?
—El secretario Miranda ha pedido que cualquiera que sea el escenario del presupuesto tenemos que optimizar los recursos para que nuestra intervención sea exitosa, eficiente y eficaz en el campo y honrar combate a la pobreza.
La política social es un tema del Estado, tenemos que cuidar cada centavo haciendo que los programas se optimicen y debemos generar conciencia entre la población de este gran esfuerzo que hace el país por atender a millones de mexicanos todos los días.
El secretario Luis Enrique Miranda ha dicho que no se debe permitir el hambre como una expresión de pobreza, ¿cómo erradicarla?
—El gran reto de la pobreza extrema está focalizado en el sur del país, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, ahí 6.6 millones de mexicanos a través de Prospera tienen la posibilidad de tener una ayuda para que la carencia alimentaria empiece a ceder. Cuando uno va enlazando lo que logramos hacer con Liconsa, Diconsa, comedores comunitarios y Prospera, tenemos posibilidad de intervenir y mitigar esta carencia con velocidad, particularmente en grupos vulnerables, niños y adultos mayores.
Hay 6.3 millones de mexicanos que adquieren leche en Liconsa, medio millón que todos los días comen en 5 mil 200 comedores comunitarios, se otorgan 1.1 millones de raciones diarias de comida que implican un esfuerzo de logística, no sólo del gobierno sino de voluntarias. Existen más de 27 mil tiendas Diconsa y 6.1 millones de ciudadanos reciben atención a través de Cruzada Contra el Hambre.
¿Qué tan fácil es acceder a Prospera? ¿Cómo le hacen para registrar en sus programas a personas que hablan lenguas indígenas y qué retos existen en este tema?
—La verdad es que son temas donde hay un reto importantísimo, pero Prospera está llegando a los espacios más recónditos del país, estamos logrando afiliar a las familias que verdaderamente necesitan la ayuda y cada vez lo hacemos con mayor eficiencia. Cuando se coordinan los gobiernos federal, estatal y municipales, los resultados saltan a la vista de inmediato, por supuesto nos enfrentamos a comunidades indígenas donde cuesta más trabajo operar los programas sociales o donde existe la impresión del ciudadano que no necesitan ayuda y no acuden a los hospitales públicos.
Son temas culturales en la lucha contra la pobreza que debemos ir enfrentando y que nos obligan a que hoy tengamos en la política social la necesidad de escuchar al ciudadano, por eso es el ejercicio de la cartilla social, de transparencia y rendición de cuentas que pone de relieve que nos interesa que la gente sepa que el gobierno trabaja para generar mejores condiciones de vida.
El secretario ha dicho que los programas sociales no tienen tintes electorales, ¿cómo regulan?, ¿cómo cuidan que no se haga mal uso?
—No vemos aquí a beneficiarios sino a ciudadanos que tienen derecho a la educación, a la salud y no podemos detener ese ciclo de apoyos sociales, lo que ha evolucionado y logrado que las políticas públicas tengan esta condición, a eso se refiere el secretario Miranda, es que vayamos lejos en no pensar que la política social tiene colores o sabores, lo que tiene es un mandato constitucional, tenemos a ciudadanos que son portadores de derechos, tenemos que hacer que los ejerzan. En ese sentido no sólo descansamos en la política social que es la que buscamos impulsar, tenemos contralores, operarios, los propios ciudadanos cuidan los problemas sociales. Lo más importante es que hay una participación de la población que cuida que los programas sean eficientes y transparentes y que estemos atendiendo sin ningún tipo de distingo a todos los que necesitan. Además se han diseñado estrategias de blindaje electoral que permitirán que en ningún sentido los programas interfieran con procesos electorales.
En materia de salud, ¿cuáles son las enfermedades de mayor incidencia en este sector de la población?
—Hay que ver bien en donde estamos parados, cuando una persona es pobre y cuando vive en un lugar donde su casa no tiene piso firme, tienen lámina, cuando no hay agua potable, drenaje, entonces te enfrentas a cualquier tipo de cuadros infecciosos que hoy quizás en las ciudades los dejamos en el pasado, pero que no funciona así en comunidades donde la gente se está enfermando constantemente de gripa, de males gastrointestinales y cuadros infecciosos en la piel. Son los más jóvenes y los más viejos los que sufren ante esta situación. No sólo eso, si estas personas no tienen Seguro Popular entonces no compraban medicina o los niños dejaban de ir a la escuela y entonces perpetuabas la condición de pobreza.
Los próximos 8 y 9 de noviembre se realizará en Acapulco la Cuarta Reunión de Alto Nivel de la Red de Pobreza Multidimensional, ¿qué aportará México?
—Tenemos que dejar claro que si no hay un buen diagnóstico del problema, atacarlo es complicado. Medir, tener información oportuna ayuda mucho, la medición es lo que ilumina el camino para avanzar y generar resultados.
Para 2030 hay un objetivo marcado por la ONU para reducir los niveles de pobreza a la mitad, ¿en el país esto es factible?
—La pobreza no se abate con decretos ni hay varitas mágicas, lo que tiene que haber son políticas públicas eficientes, transversales, profundas y estables que permitan que esta tarea y gran pendiente que no admite excusas al final del día genere un buen resultado y un mejor nivel de vida para la gente de México. Se ha avanzando en la dirección en la que vamos. Nuestro país hacia 2030 tiene que estar en condiciones de un mayor desarrollo, es fundamental decir que para abatir la pobreza necesita crecer la economía y generar empleos. El presidente Enrique Peña y las reformas estructurales, en el largo plazo, estarán generando esas condiciones que permitan crecer aceleradamente y lo está haciendo. Creo que debemos ser optimistas, a pesar de cualquier cosa, si en este país cuidamos la estabilidad, no hay nada más costoso para la gente pobre que la inflación, que la inestabilidad económica.
