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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la situación en la que se encuentran los hijos de las mujeres en reclusión, por lo que hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que garanticen el respeto a sus derechos humanos.
En el Informe Especial sobre las Condiciones de Hijas e Hijos de las Mujeres Privadas de la Libertad en los Centros de Reclusión de la República Mexicana, el organismo que encabeza Luis Raúl González Pérez se menciona que existen 618 niñas y niños, en las cárceles donde se encuentran sus madres.
Otros datos importantes son los relativos a las instituciones, encontrando que de los 379 centros penitenciarios que existen en México, únicamente 16 son exclusivos para albergar población femenina (15 estatales y 1 federal) y 198 considerados mixtos, por lo que en 214 centros del país se albergan mujeres.
Explicó que la población penitenciaria del país en el momento de realizarse el informe ascendía a 230,519 personas internas, de las cuales 12,004 (5.21%) son mujeres, siendo la Ciudad de México y los estados de Baja California y de México las entidades federativas que concentran el 33% de esta población. No obstante, se ha observado una tendencia de crecimiento de la población femenil de entre 4 y 5% del gran total.
"La Comisión Nacional insiste en la necesidad de contar con políticas públicas efectivas, conformes con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que privilegien el derecho de la niñez a convivir con sus madres privadas de su libertad, aún cuando hayan nacido previo al internamiento de ellas, así como que las autoridades realicen protocolos específicos sobre el procedimiento para ingreso, permanencia o egreso temporal o definitivo de las hijas e hijos que vivan con sus madres dentro del centro", mencionó.
Pidió que se cuente con un programa nacional donde exista una planeación presupuestal multianual para contar con instalaciones exclusivas para mujeres, mínimo un centro por entidad federativa, con espacios adecuados a sus necesidades de género.
Que se implementen las medidas para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de discriminación contra las mujeres; que los establecimientos tengan personal médico y técnico especializado para la atención materno-infantil, fortalecer la infraestructura con adecuaciones presupuestarias para garantizar la seguridad y estancia digna de las hijas e hijos de las mujeres privadas de su libertad.
