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Con la participación del Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de Energía (Sener), la Procuraduría Agraria y académicos, se realizó en San Lázaro el 18 Congreso Nacional de Derecho Agrario en México y tercero Internacional, para analizar el tema del impacto social de la reforma energética en el rubro.
En el evento, auspiciado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), Carlos Humberto Durand Alcántara, doctor en Derecho e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, consideró que “estamos a la vuelta de un conflicto social agrario”, por la ocupación total de pueblos con la firma de contratos para explotar los recursos naturales, en el marco de las leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica. “Esta tendencia terminará con el suelo rural”, advirtió.
Estos conflictos se sumarán a la complicada situación social y económica que prevalece en el agro nacional, debido a la inseguridad, la falta de oportunidades, el hambre, el desempleo y la migración por lo que criticó que se privilegien los grandes negocios, alentados por ese marco jurídico, y se sacrifique a las comunidades originarias.
Preguntó la forma en que se va a frenar el saqueo de bosques y la pérdida de recursos naturales, y cómo se supervisará su aprovechamiento, sin propiciar que “los pobres sean más pobres y las grandes empresas usufructúen la riqueza en su beneficio, sin una distribución equitativa”.
Propuso que los ejidatarios y comuneros se vinculen a los proyectos productivos, vía cooperativas, para hacer vigentes las directrices del Derecho Agrario en México, a fin de lograr respetar y garantizar un desarrollo sustentable a los pueblos indígenas.
Urgió a rescatar el concepto de nacionalismo, mediante un pacto legislativo, para evitar que se pierda la soberanía y supremacía sobre el usufructo de los bienes del país, ya que el concepto de excepcionalidad ofrece muchas prebendas a los oligopolios extranjeros, mientras a los más de 35 mil ejidos y comunidades mexicanas los deja sin opciones reales para el desarrollo.
Luis Hernández Palacios, jefe de asesores de la Procuraduría Agraria, alertó sobre la proliferación del coyotaje en la negociación de contratos para explotar hidrocarburos y energía eléctrica en los ejidos y comunidades agrarias.
“El coyotaje puede ser uno de los grandes riesgos de participar en el desarrollo de este nuevo esquema productivo”, advirtió.
Durand apremió a evitar “el intermediarismo nocivo, para generar sinergia de colaboración que aliente la equidad y la transparencia en el aprovechamiento de la riqueza natural”.
Aseguró que “la procuraduría y los tribunales agrarios, la Secretaría de Energía, Pemex y la CFE saben que existen núcleos agrarios que ya han establecido acuerdos de asamblea, donde delegan su representación, decisión y firma de contratos en cualquier forma de asociación con empresas energéticas con intermediarios, que obtienen un importante porcentaje por hacer las gestiones, en detrimento de los beneficios que pudieran alcanzar los propietarios de la tierra”.
Refirió que “existe un marco de incertidumbre” sobre el impacto social y ambiental que tendrá la Reforma Energética en las comunidades rurales, ya que lo licitado, asignado y establecido en los contratos no contempla a los expertos independientes.
La magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, Maribel Concepción Méndez de Lara, destacó la necesidad de conocer el impacto social de la Reforma Energética para conocer la problemática agraria y los derechos de propiedad en esas zonas, e identificar si se trata de población vulnerable o indígena, para establecer medidas de prevención, mitigación de daños y planes de gestión social.
