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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) acordaron otorgar a un millón 600 mil burócratas del país, 11 mil 300 pesos por el concepto conocido como “vales de despensa”, como prestación de fin de año, lo cual representa un incremento de 400 pesos con respecto a lo otorgado el año pasado, que fueron 10 mil 900 pesos.
“Los recursos para los trabajadores se entregarán de manera oportuna a partir de los primeros días del próximo mes de diciembre”, informó Joel Ayala Almeida, dirigente de esa federación de sindicatos.
Destacó que el gobierno federal y la FSTSE establecieron, como en años anteriores, que se entregará la primera parte del aguinaldo a partir del 14 de noviembre para que los empleados públicos cuenten con liquidez y aprovechen las promociones de El Buen Fin desde hoy y hasta el próximo lunes 21 de noviembre.
Expuso que derivado de la revisión del rubro Lineamientos Específicos para el Otorgamiento y Aplicación de la Medida de Fin de Año para el Ejercicio Presupuestal 2016, entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este año se determinó incrementar en 400 pesos esta prestación de “vales de despensa”.
Aseguró que aún con la situación económica, 2016 ha sido un buen año para los empleados al servicio del Estado, puesto que adicionalmente a este tipo de beneficios económicos se pudo avanzar en otorgar certeza y seguridad en el empleo para miles de ellos.
El dirigente informó que se ratificó el acuerdo con la SHCP que regularizará a 63 mil trabajadores en un término de tres años y que en éste formalizó a 22 mil empleados del sector Salud.
Ayala Almeida destacó el compromiso de otorgar 3 mil 500 plazas nuevas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para 2017, después de que se entregaran 4 mil en 2015 y 2 mil 500 durante 2016.
Dijo que la aportación de los trabajadores al Fovissste seguirá siendo de 5% de su salario cotizable y que iniciarán con la distribución del formato de solicitud para la aprobación del segundo crédito hipotecario que beneficiará a decenas de miles de empleados del Estado para obtener una vivienda.
El dirigente de los burócratas explicó que luego de la aprobación por parte de los diputados y senadores para que los trabajadores del Estado puedan adquirir un segundo crédito hipotecario, las organizaciones sindicales afiliadas a la FSTSE comenzaron a distribuir entre sus agremiados los formatos que deberán ser llenados por quienes deseen obtener una vivienda digna.
Destacó que el crédito hipotecario “Fovissste en pesos”, que operará hasta con 4 millones 500 mil pesos, según la liquidez de los solicitantes, mantendrá un interés fijo del 8.5% anual.
Ayala Almeida rechazó que se vaya registrar un recorte masivo de burócratas ante el ajuste presupuestal para 2017.
“Ningún trabajador de los que representa FSTSE a través de sus 86 sindicatos será removido. No hay recorte para nosotros. Al contrario, estamos incrementando nuestra plantilla (...).
“Les respondemos de manera firme a los trabajadores al servicio del Estado en el país”, subrayó.
El también senador priísta insistió en que la transformación del PensionISSSTE no implica su desaparición o su privatización.
Resaltó que en este marco se crea una nueva entidad paraestatal que administre de mejor manera los ahorro de los empleados.
Con la nueva entidad administradora habrá mayor certidumbre y seguridad en el pago de las pensiones y jubilaciones para los trabajadores al servicio del Estado.
La reforma, reiteró, beneficiará a los burócratas que participan en el PensionISSSTE y agregó que no se debe hacer caso de voces ajenas que se ha manifestado en contra de este paso importante.
Ayala Almeida coincidió con el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza Terrazas, en que se mantendrá como una entidad pública, con mayor capacidad y buscando el mejor rendimiento.
Se trata de un órgano desconcentrado sin personalidad jurídica ni patrimonio propios, que depende de las decisiones de la junta directiva del instituto, que pueda tener mayor capacidad de operación en la toma de determinaciones y que fortalezca su estructura para convocar a los trabajadores del gobierno y de otras áreas.
