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El Estado mexicano debe adoptar y ratificar la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, urgieron expertos, luego de advertir que para 2050 la cuarta parte de los 119 millones 530 mil habitantes se ubicará en ese sector poblacional.
Al participar en el Coloquio Internacional de Derechos de las Personas Mayores en México, Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que el Poder Judicial discrimina a la población adulta al no garantizar la capacidad jurídica y no tener la infraestructura adecuada.
Durante el acto organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Sergio Salvador Valdés, director de Atención Geriátrica del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), dijo que para el año 2050, uno de cada cuatro mexicanos será adulto mayor, lo que pone al país en una situación difícil.
“México es un país envejecido al tener hoy 12.1 millones de personas mayores de 60 años [10% de la población] y existe un problema de geriatras, puesto que apenas se cuenta con 400 para toda la población”, explicó.
Expuso que 85.6% de los 12.1 millones de adultos mayores se encuentra entre los 60 y 79 años; de 80 a 89 años, 13.6% y 18 mil (1.8%) supera 100 años.
Haas señaló que la discriminación en el país es estructural, reiterada, institucionalizada y permanente y detalló que hay estereotipos y prejuicios que provocan que las instituciones y la legislación lleven a la negación de derechos a ese sector.
“No hay una política pública que considere la variable demográfica y eso hará que el cuidado de las personas adultas mayores y su subsistencia sea precaria, por lo que hay un empobrecimiento visible y muy preocupante”, afirmó Haas.
Expuso que la infraestructura del Poder Judicial no permite que los adultos en su mayoría puedan ingresar a los edificios, puesto que 47% padece alguna discapacidad física.
El otro problema que ve la Conapred es la capacidad jurídica, donde la tendencia de las familias es limitar la capacidad de los adultos mayores y el Estado no da apoyo ni acompañamiento.
Patricia Rebolledo, de Red de Adultos Mayores, llamó a crear políticas públicas que fortalezcan las labores de las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el cuidado de esas personas.
Mónica Roqué, médica especialista en seguridad social de personas de la tercera edad reiteró que el desafío es que el Estado mexicano ratifique la convención interamericana y realice una serie de acciones prioritarias para garantizar los derechos de ese sector.
