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Un juez federal solicitó al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que compruebe las medidas que afirma está llevando a cabo para solucionar el conflicto magisterial en la entidad.
Según las actuaciones en el expediente de amparo 1254/2016 promovido por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el gobernador afirmó en su informe que realiza gestiones para solucionar el conflicto social derivado de las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contra la reforma educativa.
El informe fue enviado al juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien concedió tres días a Velasco Coello para enviar copia certificada y legible de las constancias que acrediten las gestiones que afirmó está realizando.
El juez solicitó al gobernador que precise cuáles son las gestiones que ha efectuado para que se respeten los derechos humanos de quienes no están involucrados con la CNTE.
Conforme al acuerdo dictado por el juez Decimoprimero de Distrito, de no enviar las constancias requeridas en el tiempo concedido, se le impondrá una multa a Velasco Coello conforme a lo establecido en la ley por incumplimiento a un mandato judicial.
La Coparmex ofreció como pruebas diversas notas periodísticas relacionadas con las manifestaciones y bloqueos realizados por los maestros de la sección 7 de la CNTE en Chiapas.
Desde el 15 de mayo pasado, la CNTE convocó a paro nacional en protesta contra la reforma educativa.
En Chiapas, Oaxaca, Michoacán, la Ciudad de México y Guerrero, los maestros realizaron diversos bloqueos, protagonizaron enfrentamientos con elementos de la policía federal y estatal y se dio cuenta de las represalias que tomaban contra los maestros que no acudían a las marchas y bloqueos.
Desde el 25 de mayo, Velasco Coello afirmó que su gobierno no permitiría más bloqueos de los maestros disidentes y que estaban abiertos a dialogar, siempre y cuando las protestas no afecten a terceros.
Cinco días después un grupo de maestros disidentes rapó y exhibió a seis profesores que no apoyaban las protestas y mantuvo retenidos a ocho funcionarios municipales.
Los disidentes obligaron a los docentes —cuatro hombres y dos mujeres— a caminar descalzos por las calles del municipio de Comitán y a portar pancartas en las que se les exhibía como traidores a la patria.
Por hechos como este y los bloqueos carreteros de maestros que ocasionaron desabasto en perjuicio de comunidades en Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, la Coparmex promovió el juicio de amparo 1254/2016.
