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El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, y el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín del Rincón, suscribieron un acuerdo en el que ambas instituciones se comprometen a diseñar y ejecutar políticas públicas para la pronta atención de las personas derechohabientes y posibles víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Entre las actividades que realizarán también van a capacitar a los servidores públicos del Instituto en materia de la Ley General de Víctimas.
Señalaron que elaborarán protocolos para fortalecer la atención de la derechohabiencia e intercambiarán opiniones técnicas, así como criterios jurídicos.
Mikel Arriola destacó que, a partir de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, es obligación de las instituciones atender integralmente a las víctimas que hayan sufrido violaciones a sus derechos humanos.
El funcionario refrendó su compromiso de colaborar estrechamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas para fortalecer las acciones institucionales en esta materia.
A su vez, Jaime Rochín señaló que, como presidente del órgano operativo del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, tiene encomendada la protección de las personas declaradas como víctimas, así como la construcción de políticas públicas que garanticen la representación y participación directa de las víctimas en la vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones, por lo que con esta firma del convenio de colaboración, el Seguro Social muestra su preocupación y compromiso con las personas derechohabientes en situación de vulnerabilidad.
El director general del IMSS, Mikel Arriola Peñalosa, y el titular de la CEAV, Jaime Rochín del Rincón, incluyeron también en el convenio, la firma de acuerdos específicos para el cumplimiento de los objetivos planteados en el documento marco, donde se establecerán programas de trabajos y actividades en específico.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la institución del gobierno federal que se encarga de atender y acompañar a las personas que han sido víctimas de un delito federal o de la violación a sus derechos humanos, con la finalidad de brindarles los medios para que obtengan verdad, justicia y reparación.
