El diario de Puerto Rico, El Nuevo Día, retomó la información manejada por EL UNIVERSAL en torno al proyecto que discute la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México que busca eliminar los requisitos de información inexacta o falsa para hacer valer el derecho de réplica ante los medios de comunicación y vía los tribunales.

Con el título “Riesgo para el periodismo. Corte mexicana vislumbra cambios a la Ley de Derecho de Réplica que afectarían la libertad de prensa”, el diario destaca que dicho asunto derivó de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en contra de la Ley del Derecho de Réplica.

“El proyecto de resolución fue realizado por el ministro Alberto Pérez Dayán y será puesto a consideración del resto de los integrantes de la Suprema Corte el próximo 7 de noviembre. De aprobarse la resolución, cualquier persona que se sienta “agraviada” por información difundida en medios de comunicación podrá ejercer el derecho de réplica ante un tribunal sin importar si se trata de datos verídicos o falsos”, reproduce El Nuevo Día, del Grupo de Diarios de América, (GDA).

Detalla que para el caso de notas publicadas durante el periodo electoral, se prevé que las demandas de réplica sean efectuadas ante las autoridades especializadas en la materia, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En caso de ser avalado el fallo –para lo cual se requiere de una mayoría de ocho votos a favor–, se eliminarán todas las porciones de la ley que se refieren a información falsa o inexacta. Con seis votos a favor, el criterio se aprueba y se genera una tesis, lo cual significa una valoración que se convierte en obligatoria para todos los juzgadores del país.

El Nuevo Día destaca las consideraciones del ministro Pérez Dayán sobre su proyecto de sentencia en la que indica que el derecho de réplica debe comprender toda información que afecte la honra o reputación de una persona injustificadamente, ya sea por su falsedad o inexactitud, o bien porque las palabras empleadas en el texto a difundir son “injuriosas, humillantes o vejatorias”.

En su proyecto, el ministro aclaró que la crítica periodística, incluso si está sustentada en información falsa, inexacta o agraviante, no es objeto del derecho de réplica, pues la opinión es únicamente la apreciación de un hecho y no puede calificarse como falsa o verdadera.

En este sentido, indicó que la crítica sólo será objeto de sanción cuando en sí misma haga una afirmación de un hecho falso o inexacto o que se emita con intención de ofender a otra persona o afectar su prestigio.

El diario puertoriqueño reproduce también las opiniones de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Perla Gómez Gallardo; Carlos Daza, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la (UNAM); del senador Zoé Robledo Aburto y la diputada Lía Limón García que cuestionan el alcance del proyecto por ser riesgoso para el periodismo y la libertad de expresión y promover la “autocensura”.

Aquí puede consultar la liga de la nota en El Nuevo Día

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