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Especialistas en medio ambiente advirtieron que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) carecen de un “andamiaje institucional” que haga efectiva su protección, puesto que de 177 sólo 107 cuentan con un programa de manejo —instrumento que determina las estrategias de conservación y uso de estos territorios—, lo que, aunado a reducciones presupuestales, las coloca en situación de vulnerabilidad.
Xavier Martínez, director técnico operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, consideró que incidentes como el incendio en la isla de Holbox, que afectó 87 hectáreas, o el aterrizaje de un helicóptero en el arrecife Alacranes, son síntomas de que el sistema de administración de las ANP no está funcionando, pues presentan problemas más allá de la vigilancia.
“No sólo tenemos un problema de vigilancia, sino de gobierno de las Áreas Naturales Protegidas; en el fondo hay una política de verlas como banco de material. Con ello, evidentemente, se pone en riesgo el derecho al medio ambiente y los procesos ecológicos quedan a la deriva.
“Tenemos un problema con el andamiaje institucional. El gobierno lo único que ha provocado es ponerlas [ANP] en una situación de vulnerabilidad extrema. Es urgente que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Secretaria de Medio Ambiente cambien y realicen mayores esfuerzos para que su protección sea efectiva”, dijo.
Información de la Conanp señala que hay 177 áreas protegidas que representan 12% del territorio nacional; de ellas, 107 cuentan con un Programa de Manejo porque algunos se encuentran en proceso de consulta pública, debido a que se está modificando el polígono; en otros casos se analiza si son susceptibles de tenerlo porque perdieron su vocación de ANP.
El más reciente Programa de Manejo publicado fue el del Nevado de Toluca, el cual se dio a conocer en la edición del Diario Oficial de la Federación del pasado 21 de octubre.
Miguel Rivas, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace, comentó que los Programas de Manejo de las Áreas Naturales Protegidas son “ineficientes”, ya que no protegen de manera “eficaz” estas zonas.
Señaló que la vigilancia es un factor importante en la preservación de estos espacios, pero autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) “no se dan abasto” en esta tarea, por lo que confía en que la Gendarmería Ambiental fortalezca este aspecto.
“Las ANP parecen estar protegidas en el papel, pero en el actuar no. El aterrizaje del helicóptero en el arrecife Alacranes, casos relacionados con tala de manglares y otras afectaciones que tienen las áreas naturales protegidas(...) la Profepa no se da abasto para cubrirlas todas, sobre todo con el recorte de presupuesto que ha sufrido en la última administración”, dijo.
Para este año el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación plantea recursos en 2017 a la Semarnat por 35 mil 978 millones de pesos, mientras que para este año se le aprobaron 55 mil 770 millones de pesos; es decir, representa una disminución de 19 mil 792 millones de pesos.
Antes de que termine el año se prevé la publicación de los Programas de Manejo de la Isla Guadalupe, en Baja California, y Yum Balam, en Quintana Roo, la cual abarca la Isla de Holbox; también se busca declarar áreas naturales protegidas marinas al Mar Caribe y el Mar de Cortés, con lo que se espera alcanzar 10% de superficie marina protegida, uno de los compromisos adquiridos con la Organización de las Naciones Unidas.
Xavier Martínez expresó su preocupación de que la protección a estos territorios se quede solamente en el papel y que sean imposibles de vigilar debido a su extensión, puesto que la Conanp opera en “condiciones bastante precarias al no contar con personal ni material suficiente para realizar sus labores.
“Actualmente hay dos proyectos grandes de nuevas áreas protegidas: el Caribe y el mar de Cortés, lo que vemos con temor es que volvamos a tener intenciones muy loables de protección que a todas luces son imposibles de gobernar.
“La Conanp no tiene recursos, las condiciones en las que opera son bastante precarias, debe tener personal suficiente y capacitado para atender la magnitud [del problema], no queremos volver al esquema de Áreas Naturales Protegidas de papel”, dijo.
Comentó que el Derecho Ambiental tiene como principio general la no regresión. “Si ya avanzamos en dar la protección, no podemos retroceder. Lo que estamos viendo es un retroceso, ya habíamos visto un incremento en el personal de estas zonas y lo que ocurre es que disminuye.
“El presupuesto de las ANP se ha reducido. Tenemos muchas dudas que la autoridad nos debe responder sobre toda esta situación precaria y si va a cumplir con todas las obligaciones que la ley le impone”, dijo.
