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Organizaciones civiles buscan impulsar una iniciativa ciudadana de ley general de aguas que garantice el acceso equitativo y sustentable a este recurso, mediante su establecimiento como un bien de la nación, cuyas decisiones sobre él deberán ser tomadas por la ciudadanía, así como la creación de una institución reguladora.
De cara a la discusión de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados, que tendrá lugar a fines de este mes, las organizaciones civiles buscan que esta iniciativa sea considerada en la discusión.
Miguel Soto, vocero de Greenpeace, una de las organizaciones promotoras, dijo a EL UNIVERSAL que la propuesta aborda varios ejes como la contaminación. Sobre este punto se plantea fincar responsabilidades penales a quienes dañen cuerpos de agua, que la Secretaría de Salud regule las descargas en ellos y dé seguimiento a sus impactos.
“Es una iniciativa que está encaminada a garantizar el derecho al agua, al saneamiento y a terminar con la contaminación. Proponemos la creación de un nuevo organismo que sea el que regule el agua en México porque nuestra visión es que la Conagua no ha sido capaz de administrar el agua”, dijo.
Soto indicó que la contaminación de los cuerpos de agua es uno de los problemas que busca atender la iniciativa, por lo que la “cero impunidad” es uno de los ejes que la conforman, debido a que las comunidades cercanas a ríos “se encuentran desprotegidas” ante la contaminación de este recurso.
Refirió el caso del río Santiago en el que diversos estudios han establecido una relación entre el consumo de agua proveniente de su corriente y el desarrollo de cáncer entre los pobladores del área, debido a que alrededor de 300 industrias hacen sus descargas en ese río.
“Queremos un principio de cero impunidad con el que los daños ocasionados a los cuerpos de agua en los ecosistemas ya no sólo puedan ser resarcidos por multas y fianzas, sino que se finquen responsabilidades penales. En el caso del derrame de Sonora se cobró una multa por 40 millones de pesos por una cantidad enorme de sustancias tóxicas, cifra que no es nada para Grupo México; queremos que se eviten esta tipo de situaciones”, explicó.
La propuesta ciudadana ha recabado hasta el momento más de 90 mil firmas, pero las organizaciones señalan que se requieren de 120 mil para tener un margen de error cuando sean validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En septiembre pasado el diputado José Ignacio Pichardo Lechuga, presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, informó que a finales de octubre comenzaría la discusión en la Cámara de Diputados sobre la Ley General de Aguas, por lo que esperan que esta iniciativa ciudadana sea considerada en el debate.
El proyecto de ley ha tenido un proceso de elaboración de más de dos años en los que se han concentrado las propuestas de diversas organizaciones de la civiles, académicos de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La iniciativa plantea mecanismos de transparencia como la creación de un registro en el que las grandes y pequeñas empresas reporten las sustancias químicas contaminantes que utilizan, a fin de que la población esté enterada y pueda vigilar el manejo que hacen de estos compuestos.
Destacó que con el recorte de 72% que plantea el Presupuesto Federal para 2017 para la Conagua en los programas de sistemas urbanos, rurales y saneamiento —de 12.6 mil millones de pesos a 3.6 mil millones—“los municipios se verían obligados a aceptar acuerdos de empresas para estos proyectos”, advirtió.
