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A fin de atender la educación, salud, seguridad y alimentación de 40 millones de menores de cero a 17 años de edad, el próximo año se aplicará por primera vez en el país un presupuesto transversal de 759 mil millones de pesos.
Así lo informó Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) durante el seminario internacional Hacia una Mejor Inversión en la Infancia, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
El funcionario dio a conocer que el gobierno federal autorizó la creación de un grupo de trabajo interinstitucional que analizará la aplicación de los recursos que se etiquetan para la atención a la niñez, y así se evaluará la forma en que se distribuye el dinero y se redefinirá la manera en que se invierte para aprovecharlo más en favor de los niños de México.
El año pasado se destinaron 736 mil millones de pesos para el Anexo Transversal y para 2017 se prevé que sean más de 750 mil millones de pesos, lo que significa un aumento de 15%.
Bucio Mújica afirmó que a pesar de que cada año existe un aumento sustantivo, no hay un presupuesto dirigido a cada uno de los programas para menores de edad.
El ejecutivo refirió que, de acuerdo con la Ley General de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, en vigor desde 2014, es la primera vez que se incluyen los recursos para el Sistema Nacional de Protección Integral y confió en que cada entidad del país lo consideren en sus presupuestos locales.
Planteó además que la gran tarea es revisar el anexo transversal de la Federación y que cada estado cuente con uno para conocer el monto de los recursos que se destinan a este sector de la población. Consideró necesario hacer un nuevo enfoque en la dirección de los recursos para atender efectivamente a la población infantil más vulnerable, sobre todo en las zonas de alta marginación.
Bucio Mújica concluyó que en la república hay un avance en lo que ordena la Ley General de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, puesto que en 2016 han sido creados los sistemas de protección en las entidades federativas y creadas 900 procuradurías de la Defensa del Menor.
Christian Skoog, representante de Unicef en México, apuntó que la inversión en los niños debe “ser equitativa, eficiente, transparente y efectiva”, lo cual representa “un reto vital para el presente y futuro de los países”.
