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Crear órganos especializados para abatir impunidad, investigar tortura y ejecuciones extrajudiciales, reformar leyes en materia de seguridad y actuar de Fuerzas Armadas, fueron algunas de las recomendaciones que emitió la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a México.
El documento, publicado ayer, incluye 14 recomendaciones hechas por la Oficina del Alto Comisionado al Estado mexicano para que tome las medidas pertinentes para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos en el sistema de seguridad pública del país.
Establece la posibilidad de crear un consejo integrado por expertos reconocidos en materia de derechos humanos y combate contra la impunidad, para asesorar al Estado mexicano sobre las estrategias y reformas que debe implementar a fin revertir las tasas de impunidad que se registran en el país.
El organismo también recomendó crear una oficina especializada, dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), para que colabore en la investigación de violaciones graves a derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
“Esta oficina debe ser dirigida por un reconocido experto en el campo de los derechos humanos y lucha contra la impunidad, y contribuir con las unidades especializadas ya existentes y fiscales dentro de la oficina del procurador general adjunto de derechos humanos. [Además], deberá contar con recursos humanos, financieros y técnicos adecuados para llevar a cabo sus tareas de manera profesional y eficaz”, precisó en sus recomendaciones emitidas el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein.
“Reformas en justicia militar, acierto”. Celebró las reformas legales realizadas al Código de Justicia Militar en 2011 y 2014 para limitar la jurisdicción del Ejército y añadió que se deben realizar más modificaciones a las leyes castrenses para que la justicia civil también conozca de casos de violaciones a derechos humanos cometidas contra los soldados.
Asimismo, Zeid Ra’ad Al Hussein llamó a regular el uso de la fuerza con base en las normas internacionales.
“Adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por los funcionarios públicos, de conformidad con las normas internacionales, y garantizar su aplicación efectiva”, señaló.
Las recomendaciones fueron emitidas desde marzo pasado y ayer la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu, sostuvo una reunión en Nueva York con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a quien hizo entrega de la respuesta oficial de México sobre las observaciones.
La Cancillería manifestó que México está de acuerdo con todos los puntos destacados por el Alto Comisionado Al Hussein, excepto con la recomendación para una nueva reforma en materia de justicia militar, al respecto manifestó que “no es factible considerar nuevas modificaciones”.
Reforma en derechos humanos. La funcionaria diplomática detalló que como resultado de la reforma de 2011 sobre derechos humanos, las autoridades civiles tienen un marco legal suficiente y fortalecido para considerar todos los casos relacionados con presuntas violaciones de los derechos humanos que sean cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas.
“Esto significa que cualquier violación de los derechos humanos cometidos contra un miembro de las Fuerzas Armadas puede ser debidamente revisado o llevado ante tribunales civiles, de conformidad con los artículos ocho y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, explicó.