La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, debido a que autoridades penitenciarias impidieron la libertad de una mujer que ya había cumplido su condena; el organismo pidió la reparación del daño.
De acuerdo con la recomendación 44/2016, la mujer que debió salir de prisión el 2 de junio al cumplir su condena, no fue liberada en tiempo por no aceptar una “negociación”.
“El 5 de junio de 2015, la CNDH recibió una queja telefónica respecto de una mujer que continuaba privada de su libertad en el Centro de Readaptación Social, a pesar de que tres días antes había cumplido su condena y que antes de esta fecha personal del gobierno del estado se presentó con ella para “negociar” su libertad”, explicó el organismo.
La víctima señaló que el día que tenía que salir, dos custodios y una celadora revisaron su celda y dijeron haber encontrado “cinco globos con droga”; por ese motivo fue puesta a disposición del Ministerio Público.
El juzgado que conoció de la causa penal, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley al no acreditarse el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión de metanfetamina, con fines de venta, por el que fue consignada.
Días antes de cumplir su sentencia, (los días 13, 14 y 25 de mayo, y 1 de junio de 2015) se presentó personal del gobierno del estado con la finalidad de negociar su libertad y, al no aceptar el acuerdo propuesto.
La CNDH acreditó que con el actuar de los elementos de seguridad penitenciaria y del Ministerio Público, se transgredieron derechos a la seguridad jurídica, legalidad y libertad personal de la víctima.
En la recomendación se pidió a la gobernadora instruir a quien corresponda, se proporcione atención psicológica y se repare el daño a la víctima, en términos de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora.
Colaborar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que se formule contra los servidores públicos señalados; que se capacite al personal de seguridad y custodia de los Centros de Reinserción Social sobre la aplicación de medidas de seguridad.
Así como inscribir a la agraviada en el Registro Estatal de Víctimas, a efecto de que tenga acceso a los recursos del Fondo Estatal y a la reparación integral.
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