La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Economía (a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco) firmaron un convenio para prevenir abusos de las escuelas y colegios particulares, principalmente en lo relativo al cobro de colegiaturas y otras prácticas como exigir a los padres de familia que compren uniformes o material escolar en establecimientos específicos.
Al corte del primer semestre del año, la Profeco recibió 664 quejas en contra de colegios particulares, siendo las principales causas el incremento injustificado de colegiaturas, el condicionamiento a la compra de útiles y uniformes en los propios planteles, y prácticas discriminatorias de las escuelas para reservar o condicionar el derecho de admisión a los estudiantes.
El convenio consiste en el intercambio de información para que -en sus visitas de verificación- la Profeco informe a la SEP cuando encuentre algún plantel que opere sin estar incorporado a la dependencia; promover la impartición de la materia en Derechos del consumidor, en las principales universidades del país; talleres y capacitaciones sobre los derechos del usuario en escuelas particulares; orientación y asesoría sobre prácticas comerciales abusivas; e intensificación de campañas de información sobre los derechos de los padres de familia de escuelas privadas.
El objetivo, señaló en la firma de convenio el titular de la SEP Aurelio Nuño Mayer, es elevar la calidad de las escuelas particulares, “si bien nuestra mayor responsabilidad es con la educación pública, también la tenemos con la educación particular porque la calidad educativa tiene que llegar a las escuelas particulares (...) tienen que ser parte del cambio y la transformación educativa que estamos viviendo en el país”, señaló el funcionario.
“El convenio es para proteger el esfuerzo que hacen millones de padres de familia buscando una mejor educación para sus hijos, cuidar que no haya abusos en las colegiaturas, en la compra de útiles o de uniformes, que la competencia económica llegue a las escuelas, que no se condicionen servicios, que no se obligue a comprar uniformes en la escuela sino que se permita a los padres a tener acceso a los mejores precios”.
La SEP detectó que el mercado privado de la educación ha crecido desde la década de 1990 a la fecha, puesto que en la actualidad 1.5% del total del gasto educativo que se hace en el país (equivalente al 7% del Producto Interno Bruto) es aportado por los padres de familia que inscriben a sus hijos en escuelas y colegios privados. Actualmente, cinco millones de niños y jóvenes de alumnos (de los 36 millones con los que cuenta el Sistema Educativo Nacional) estudian en escuelas privadas; de las 260 mil escuelas que hay en el país, 43 mil son particulares.
“El gasto en este tipo de servicio es creciente (...) el gasto educativo nacional -sumando todo tipo de provisión- está cerca del 7% del PIB con datos de 2016, mientras que en 1990 era de 4%; de ese porcentaje aproximadamente 1.5% es gasto privado, y en 1990 era 0.32%: ha crecido cinco veces. Las familias mexicanas hoy destinan 14% de su gasto a educación, mientras que dos décadas atrás era 2%”, explicó Otto Granados Roldán, subsecretario de Planeación, Evaluación y Coordinación de la SEP.
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