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México debe prevenir que ocurran más violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dijo el académico de la Universidad de Columbia en Nueva York, Edgardo Buscaglia.
En entrevista con EL UNIVERSAL, consideró que esto no es una misión imposible, sino todo lo contrario, puesto que se requiere que la comunidad internacional ejerza mucho más presión al gobierno mexicano para frenar las violaciones a derechos humanos y para que todo el aparato institucional mexicano se active en pos de encontrar lo que ocurrió con los estudiantes y dar con la verdad en el caso Iguala.
Recordó que en ocasiones anteriores el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, declaró como personas non gratas a los gobernantes de países en conflicto como Colombia, Argentina o Camboya, hasta en tanto resolvieran y cesaran los crímenes de lesa humanidad ocurridos en sus territorios.
Señaló que la comunidad internacional debe ejercer más presión sobre México para que acabe con casos como Ayotzinapa, Atenco o Tanhuato y aplique medidas preventivas para evitar que ocurran más “ayotzinapas”.
Buscaglia ha asesorado a 112 países y sociedades civiles en materia de combate y prevención de la delincuencia. A lo largo de 17 años y en sus dos obras Lavado de dinero y corrupción política y Vacíos de poder en México ha señalado que el país requiere de 45 instituciones nuevas, tales como un sistema electoral ciudadanizado en el que los candidatos no sean decisión sólo de los presidentes de los partidos sino de la sociedad civil, la creación de unidades de control patrimonial que investiguen de manera autónoma los bienes de los funcionarios públicos para evitar casos de corrupción y que ayuden a reforzar la transparencia gubernamental, entre otros.
A dos años de Ayotzinapa, ¿qué opinión le merece lo ocurrido?
—Es un crimen contra la humanidad, no solamente contra las víctimas y sus familiares. Son desapariciones forzadas calificadas en las convenciones internacionales como crímenes contra la humanidad que tienen jurisdicción universal, por lo tanto, lamentablemente en el caso mexicano tenemos miles de casos como el de Ayotzinapa escondidos en fosas comunes que no han salido a la luz todavía, puesto que existen más de 27 mil desaparecidos, según Amnistía Internacional más de 22 mil, según asociaciones de familiares de víctimas de desaparecidos, más de 300 mil, dependiendo quién dé la cifra, pero una desaparición ya es demasiado.
México requiere urgentemente regenerarse como nación, regenerarse como Estado, a través de un proceso de limpieza, a través de una justicia transicional como lo han hecho otros países de nuestra región, como lo han hecho Argentina y Colombia, que son los casos más recientes, y hacia eso debe ir México para limpiar su clase política, para limpiar a su sociedad de horrores criminales de Estado y de horrores criminales privados para que no sucedan más Ayotzinapas.
¿La administración del presidente Enrique Peña Nieto está a tiempo para resolver el caso Iguala?
—El presidente Peña Nieto está en un Estado débil, donde la mano derecha del Estado no sabe lo que hace la izquierda, en ese contexto lamentablemente hoy no existe una presión internacional lo suficientemente fuerte como para que aparezcan estas víctimas como para que se llegue a la verdad.
Cuando el Estado mexicano está sujeto a mucha presión internacional, como fue el caso del secuestro de europeos o del secuestro de miembros de la élite europea, ahí sí el Estado mexicano reacciona con una institucionalidad de un país de primer mundo. Con ello está diciendo que en el caso de Ayotzinapa, en donde no hay élites involucradas, estamos ante la reacción de impunidad del político mafioso mexicano.
La realidad es que no existe una presión internacional para forzar al gobierno mexicano a llegar a la verdad.
¿Por qué hay esta distinción?
—México es un país donde hay dos realidades: a los miembros de la élite, sean extranjeros o nacionales, todo, y a los miembros de la población como tú o yo se nos aplica la ley mafiosa.
Ese tipo de situaciones da una pauta de que no es que el Estado mexicano no pueda; puede, no quiere y, por lo tanto, en casos donde no quiere un Estado resolver crímenes de lesa humanidad está la Corte Penal Internacional para llevar ante ella a esos funcionarios.
