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Iguala es el caso con mayor número de detenidos que se tenga registro y con un expediente con más de 130 mil fojas en 201 tomos que no ha logrado esclarecer la verdad de manera científica sobre el paradero de los 43 estudiantes.
Se trata de la investigación penal más exhaustiva que ha tenido por lo menos tres conclusiones con el apoyo de expertos en fuego de varios países que no termina por dilucidar qué sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.
En la primera fase de la investigación, con Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, se sostuvo en las declaraciones de los presuntos autores materiales de la desaparición y todo se concentró en el basurero de Cocula; sin embargo, la versión fue perdiendo fuerza con la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con peritajes de fuego con reconocidos expertos internacionales.
Con los resultados de las pruebas de ADN a los restos encontrados tanto en el basurero como en el río San Juan se pudo identificar —con el método nuclear— que algunas de las 63 mil muestras de fragmentos de huesos, ropa y cabellos correspondían a los normalistas Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Desde entonces los padres de los normalistas salen a las calles para exigir el regreso con vida de sus hijos, tener acceso a la verdad, a la justicia y que se sancione a los servidores públicos responsables de una serie de irregularidades, entre ellos Tomás Zerón, quien dejó hace unos días la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
Un grupo de normalistas llegó a Iguala para llevarse autobuses de la central el 26 y 27 de septiembre de 2014; el motivo era tener cómo moverse a la Ciudad de México para estar en la marcha del 2 de octubre.
Para la PGR, la presencia de un grupo de jóvenes fue tomada por la organización Guerreros Unidos, que opera en la entidad, como un acto de provocación. Fue así que los policías de Iguala, al servicio de la organización, detuvieron a los normalistas, la situación salió de control y dispararon contra ellos. Seis jóvenes murieron y otros más resultaron lesionados, incluidos jugadores del equipo Los Avispones. Los 43 estudiantes fueron entregados al crimen organizado, según versiones.
Para el 4 de octubre, la PGR atrajo la investigación de los normalistas desaparecidos e inició la investigación antropológica, genética, criminalística, odontología y de video, por lo que a los 35 peritos que trabajaban en la zona, se sumaron otros 10, quienes fueron apoyados por 400 elementos de la Policía Federal y del Ejército.
El 5 de octubre se ubicaron fosas con 28 cuerpos; sin embargo, se informó que no eran de los normalistas y cuatro días después se giró la orden de búsqueda en contra de José Luis Abarca, presidente municipal de Iguala, María Pineda, su esposa, así como de Felipe Flores, director de la policía del municipio.
El 17 de octubre fue detenido Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos. A él le siguieron Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, ElCherej, como presuntos autores materiales de los hechos.
En ese escenario el presidente Enrique Peña Nieto se reunió con familiares de los desaparecidos y les aseguró que las pesquisas se llevarían a fondo. El 4 de noviembre, Luis Abarca y María Pineda fueron detenidos en la delegación Iztapalapa, en la capital del país.
Tres días después, el ex procurador Murillo Karam informó que los cuatro presuntos autores intelectuales declararon que los normalistas fueron llevados al basurero para incinerarlos y luego los restos fueron llevados al río San Juan. Algunos sin vida y otros inconscientes, los jóvenes fueron quemados.
Murillo Karam informó que en el basurero de Cocula fue quemado un grupo de personas a más de mil 600 grados centígrados. Dijo que aunque tenía indicios de que eran los normalistas, la investigación continuará hasta que se tengan los resultados periciales realizados en el laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria.
Según peritos, la extracción de ADN se dificulta porque los cuerpos fueron expuestos a altas temperaturas por mucho tiempo: 14 horas. Sin embargo dos piezas encontradas podrán ser analizadas por los expertos.
El ex funcionario expresó a una de las preguntas: “Ya me cansé”, lo que le valió las críticas públicas.
Para el 10 de noviembre, Murillo Karam aclaró su comentario. “Cuando dije estoy cansado, estoy cansado de eso, de una violencia brutal, lo vivido lo tengo todos los días desde entonces, sí me cimbra, sí me cimbra. Además de que tenía 40 horas sin dormir”.
Para ese momento, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio a conocer que del peritaje realizado a 24 de los 39 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas de Iguala y Cocula no dieron positivo en relación al ADN de los familiares de los 43 normalistas. Luego se confirmaría que entre los restos recuperados en el basurero de Cocula se encontraban los de Alexander Mora Venancio.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado y los representantes de familiares de las víctimas de Ayotzinapa suscribieron un adéndum y ratificaron el acuerdo de asistencia técnica de expertos.
El grupo de peritos argentinos denunciaron que no fueron testigos del momento en el que la PGR y la Marina recuperaron las bolsas negras con los restos en el río San Juan. Murillo Karam dio a conocer su verdad histórica el 27 de enero. “Los normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan”. Tras integrarse el GIEI, sus integrantes pidieron a la PGR registros o fotografías satelitales para evaluar la existencia del llamado “incendio del basurero de Cocula”.
El GIEI cuestionó “la verdad histórica” y reveló que los normalistas no fueron quemados en el basurero. El experto forense José Torero declaró: “Tal vez nunca se sepa que pasó en Iguala”. Señaló que no se pudo quemar a 43 personas. Para el 15 de septiembre, la Cámara de Diputados instaló la comisión especial que daría seguimiento al caso. Un día después los peritajes de la Universidad de Innsbruck identificaron a Jhosivani Guerrero de la Cruz.
La CNDH intervino y anunció la investigación sobre posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias en 43 casos. El GIEI reportó que son 80 los que aluden algún tipo de abuso de autoridad, malos tratos y tortura. Después de anunciar su permanencia en México, el GIEI valoró interrogar a militares de Iguala y propuso nuevas pistas.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se volvió el más crítico. En febrero de 2016 difundió un peritaje en el que aseguró que la PGR no tiene evidencia física y testimonial sobre un posible incendio.
Después la PGR y GIEI anunciaron el inicio de los trabajos para el tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula. El grupo colegiado de especialistas de reconocido prestigio internacional concluyó de manera científica que en el basurero de Cocula sí hubo fuego de grandes dimensiones y que en el sitio fueron quemados por lo menos 17 cuerpos de personas adultas.
El GIEI anunció su rompimiento de colaboración con la PGR para el caso del tercer peritaje de fuego en el basurero de Cocula porque no se respetaron los acuerdos de confidencialidad. Al dar a conocer sus conclusiones, ratificó que no hay pruebas científicas de incineración de normalistas en el basurero de Cocula. Reveló un video en el que se ve a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, en una diligencia en el río San Juan que no obra en el expediente.
Tomás Zerón defendió su postura y declaró que el video estaba manipulado. Al terminar, el 30 de abril, el mandato del GIEI los padres de los normalistas exigieron una investigación contra Zerón de Lucio. La Visitaduría General de la PGR abrió una investigación contra el funcionario, quien renunció el 14 de septiembre a su cargo como titular de la Agencia de Investigación Criminal. Fue designado por el Ejecutivo como Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
