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Autoridades de la Ciudad de México no deberían permitir que se realice la marcha de colectivos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI) el sábado 24 de septiembre. El motivo no debe ser porque no tengan libertad de manifestarse, sino porque es una “provocación” hacerlo el mismo día que la movilización del Frente Nacional por la Familia, la cual se anunció dos meses atrás, afirma Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el presbítero advierte que si algún incidente se presenta durante las manifestaciones del próximo sábado responsabilizarán a las autoridades capitalinas por su “imprudencia”, al permitir esta marcha “que sale a última hora y que pone en riesgo a los participantes del frente.

“Si sucede algo será a causa de esta imprudencia de las autoridades. Nosotros de antemano los responsabilizamos. De pronto salen estos colectivos a decir que también lo van a hacer, eso es una provocación, es algo muy irresponsable. La autoridad debe salvaguardar la paz, no lo debe permitir, no permitirlo no reprime sus derechos, pueden hacerlo otro día en otro momento, en otro lugar, no al mismo tiempo”, dice.

Indica que las familias y los integrantes del Frente Nacional por la Familia realizaron las manifestaciones del pasado 10 de septiembre en más de 120 ciudades de manera pacífica y respetuosa, y aunque asistieron provocadores, los fieles laicos no respondieron, por lo que confía en que el sábado ocurra lo mismo.

Para Hugo Valdemar el cambio de fecha de la manifestación del Frente Orgullo Nacional Mx “no es libertad de expresión, aunque no vayan a hacer ningún acto violento, pero es claramente una confrontación”. Destaca que si los padres de familia y los fieles laicos salieran a marchar al mismo tiempo el día del orgullo gay sería un “escándalo internacional” y se les calificaría de “intolerantes y provocadores”.

El vocero de la Arquidiócesis de México rechaza que ande “provocando” o “incitando al odio”, sino que sólo responde a las agresiones de los colectivos LGBTTTI y menciona que estas acusaciones son parte de las estrategias que el Lobby gay utiliza a nivel internacional basada en la descalificación de quienes tienen una opinión contraria para ganar adeptos; advierte que si la Iglesia no responde a las agresiones, “estaremos sometidos a lo que he llamado la dictadura gay.

“Yo no ando provocando, nunca hemos provocado, la sociedad debe tener bien claro quién provoca, quién es el intolerante, quién ofende, quién quiere reprimir derechos, no somos nosotros, han sido ellos y la Iglesia tiene el derecho de responder, no de manera violenta, pero sí responder a ese tipo de agresiones”, afirma.

Reta que a quien lo califica de homófobo demuestre con pruebas concretas cuándo ha realizado manifestaciones de homofobia; sin embargo, dijo, nunca le han sustentado estas acusaciones. Comenta que estas calificaciones son parte de una campaña “sucia, calumniosa”, de lo contrario los grupos de la diversidad sexual presentarían denuncias penales, porque la incitación al odio es un delito.

“Si Norberto Rivera, el cardenal, si su servidor, u otros obispos hacen este tipo de declaraciones, incitan al odio. La discriminación y el lenguaje del odio está tipificado como delito tanto a nivel federal como local, no entiendo por qué no ponen demandas penales para que metan a la cárcel a personajes tan peligrosos como lo somos nosotros, no entiendo por qué no aplican recursos jurídicos. Porque no existe tal delito, engañan a la gente para ganar simpatizantes a su causa”, señala.

La semana pasada un grupo de 26 personas de la comunidad LGBTTTI y el Copred enviaron, cada uno, un documento en el que exigían su derecho de réplica por unos artículos publicados en el semanario Desde la Fe, que abordaban la homosexualidad y el matrimonio igualitario, en los que, a su consideración, causan desinformación entre los lectores.

Ante la petición, Hugo Valdemar dio a conocer el domingo pasado que los documentos fueron publicados íntegramente en la página web del semanario y consideró que pretendían “reprimir la libertad religiosa y de expresión”.

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