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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al gobierno de México la decisión de enviar el caso 12.846 Mariana Selvas Gómez y otras a la consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
En un comunicado emitido por las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno mexicano expresó su disposición a dar seguimiento al caso ante la CoIDH.
Precisó que será “en un foro compuesto por juristas latinoamericanos de elevado prestigio y calidad profesional que, con toda certeza, analizarán con objetividad y estricto apego a criterios jurídicos todos los elementos que conforman este caso”.
Ante la posibilidad de que la comisión determinara no considerar el cúmulo de acciones en materia de atención y reparación al caso, el propio gobierno mexicano hizo un llamado a la CIDH para que remitiera el asunto a consideración de la CoIDH, a fin de que sea el órgano judicial el que considere la idoneidad de las medidas de reparación, a la luz de estándares interamericanos.
En noviembre de 2011, la CIDH admitió el caso de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, que trata sobre la violencia sexual a la que fueron sometidas decenas de mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 por parte de la policía. Las víctimas han denunciado la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades.
Sobre el tema, el gobierno de México informó ayer que desde marzo de 2013 el Estado reconoció su responsabilidad en este caso y, en su momento, notificó oficialmente a la CIDH de esa decisión.
Acorde con ello, “el Estado ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos a su alcance para impulsar la investigación, sancionar a los responsables y adoptar medidas de reparación y otras acciones para evitar la repetición de hechos similares. Como resultado de estos esfuerzos, a la fecha hay más de 30 personas detenidas y sujetas a proceso penal por este caso”.
Se destaca que las investigaciones penales correspondientes de parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México han tomado consideración de las conclusiones a las que arribó la Suprema Corte en 2009.
Se destacó que el Estado creó un fondo especial de atención para las víctimas y sus familiares, que incluye medidas de compensación económica, rehabilitación, apoyos educativos, atención médica y sicológica, y la entrega de viviendas.
Paralelamente, ha tomado diversas medidas de carácter estructural para reparar el daño y evitar la repetición de hechos similares, tales como la adecuación de la legislación local y nacional en materia de violencia contra las mujeres y seguridad pública.
El establecimiento de protocolos de actuación ministerial con perspectiva de género y la construcción de centros de justicia para mujeres a nivel local.
“El gobierno de México ha mantenido un diálogo directo con las víctimas y sus representantes para acordar nuevas acciones a cumplir con todas las recomendaciones dictadas por la CIDH. Sin perjuicio de los procedimientos ante la Corte Interamericana, el gobierno de México continuará fomentando este diálogo, a fin de alcanzar una reparación integral del daño”.
