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natalia.gomez@eluniversal.com.mx
Durante los últimos cuatro años el presupuesto público asignado a la atención educativa de niños y adolescentes jornaleros disminuyó más de 50%, informó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Para mejorar la atención educativa de este sector de la población, que se calcula alcanza 300 mil niños, de los cuales, entre 14% y 17% asiste a la escuela, el INEE consideró que se debe invertir en cada estudiante 14 mil 100 pesos, monto que se eroga al año en los alumnos que cursan la enseñanza básica de manera normal, en vez de 3 mil 735 pesos que son destinados para cada menor migrante agrícola.
El INEE presentó cuatro directrices para mejorar la atención educativa de niños y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes. En su evaluación previa encontró esta falta de presupuesto. “En lugar de asignar recursos disminuye la cantidad”, acusó Sylvia Schmelkes, titular del instituto.
Se identificó que los gobiernos federal, estatales y municipales no realizan una planeación adecuada y coordinada de este servicio educativo, y no hacen encuestas que permitan saber con precisión quiénes son los hijos de los jornaleros agrícolas migrantes, cuántos son y dónde están.
Los planes y programas de estudio vigentes no consideran las condiciones y características específicas de esta población; los libros, así como los materiales didácticos, no son los que requieren y son insuficientes.
La primera directriz propone rediseñar las políticas de atención educativa a partir del fortalecimiento del presupuesto público, los procesos de planeación, la coordinación institucional y la participación social.
La segunda, sugiere asegurar la pertinencia de un modelo educativo intercultural, así como la disponibilidad, idoneidad y desarrollo profesional del personal docente.
En tercer lugar, se plantea desarrollar un Sistema Unificado de Información Educativa y adecuar las normas de control escolar. La última directriz propone fomentar la innovación, la evaluación educativa y la gestión social de proyectos.
Las autoridades tienen 60 días naturales para responder si aceptan las directrices e iniciar la definición de cómo las integrarán en su planeación; al INEE le toca dar seguimiento al cumplimiento de las medidas y su impacto en la mejora educativa.
