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Para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) es evidente que México debe poner especial atención a los retos que enfrenta en la materia.
Durante el discurso inaugural del 55 periodo extraordinario de sesiones de la CoIDH, el presidente del organismo, Roberto Caldas, reiteró que durante su estancia en el país no puede analizar situaciones generales ni casos que no se sometan a ese tribunal mediante el proceso judicial interamericano, es decir, que se pongan a consideración directa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ésta decida turnar los asuntos a la corte.
Reconoció que es una realidad evidente que México encara grandes retos en materia de derechos humanos. “Familias cuyos hijos se encuentran desaparecidos, periodistas cuyas voces buscan ser acalladas, defensores y defensoras de los derechos humanos cuyas vidas corren grave peligro, miles de personas que decidieron emprender el camino de la migración para buscar un mejor porvenir.
“Todas ellas son situaciones humanas donde las personas se encuentran en suma vulnerabilidad y requieren la especial atención y protección del gobierno y de la sociedad”.
Conforme la experiencia del organismo, el presidente de esa organización agregó que se requiere acompañar y escuchar a las víctimas para dar adecuada respuesta de verdad, justicia y reparación.
El presidente de la Mesa Directiva en el Senado, Roberto Gil Zuarth, aseguró que aunque México tiene muchos problemas muy complejos, no merece ser tratado como un país con un Estado fallido, puesto que los enfrenta de manera democrática.
“No escondemos nuestros problemas debajo del tapete, porque en nuestra pluralidad democrática nadie tiene el control de la escobilla, no somos un Estado fallido ni merecemos ser vistos o tratados como tal”, dijo durante su participación en el evento realizado en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Reconoció que pese a los cambios realizados en los últimos años, como la reforma constitucional de 2011 en derechos humanos, no ha sido posible erradicar las prácticas culturales, los abusos y los contraincentivos que aún persisten.
“En nuestro país, si bien ha aumentado la eficacia preventiva y reparadora de nuestras instituciones, también es cierto que no hemos logrado una rutina de protección y garantía a los derechos humanos, no hemos extirpado aún a la tortura como método de investigación, los desplazamientos como forma ominosa de coacción, la violación al debido proceso como remedio a la negligencia, la corrupción y la ineficacia en lo agente del Estado”.
En consecuencia, Gil Zuarth llamó a modernizar las instituciones para aumentar su capacidad de respuesta, la eficacia restaurativa y su legitimidad para aplicar la ley, y enumeró los distintos objetivos que deberá perseguir tal modernización, como la desmantelación de los instrumentos de excepción utilizados como solución.
Regular la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, así como la fuerza coactiva del Estado. “La procedencia democrática de los gobiernos es condición necesaria, más no suficiente para legitimar la violencia legal”, afirmó.
“Legislar sobre tortura y otros tratos crueles y degradantes para que efectivamente dejen de ser métodos de investigación, pero también para que dejen de ser utilizados como un recurso legal para evadir la responsabilidad penal”.
Habló sobre la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación que deberá crearse para el nuevo modelo de justicia oral y adversarial asuma a plenitud una organización completamente distinta a la que tiene la Procuraduría General de la República (PGR) actualmente, para que pueda actuar conforme a las nuevas normas penales.
“Avanzar hacia la Fiscalía General de la Nación y mejorar la funcionalidad del nuevo modelo de justicia penal, y reducir la impunidad, difícilmente ese objetivo se podrá alcanzar desde los cimientos de la actual Procuraduría General de la República.
“Necesitamos una fiscalía base cero y eso puede lograrse si aprovechamos correctamente la actual transición hacia el nuevo modelo de justicia oral y adversarial, de modo que la actual procuraduría persista para atender los casos bajo el viejo modelo, y la nueva fiscalía asuma a plenitud en el marco de una cultura organizacional enteramente diferente, los expedientes que deben resolverse conforme a las nuevas reglas del debate penal”.
En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que el gobierno federal está dispuesto a aplicar todo el peso de la ley a quien violente los derechos humanos en México y que el país está abierto al escrutinio público e internacional.
“El compromiso, y así lo hemos acreditado, es que se castiguen las violaciones a los derechos humanos, que cuando haya pruebas de estos hechos, se aplique la ley sin miramientos y que no exista impunidad para los responsables”, dijo.
El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, destacó la importancia de que México participe activamente en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
“Los derechos humanos son condiciones esenciales a la dignidad del ser humano, constituyen el mínimo indispensable para la plenitud de las personas. De ahí la importancia de la labor jurisdiccional nacional e interamericana para materializarlos”.
