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Más de 2 mil iglesias cristianas —que aglutinan a más de 7 mil congregaciones— advirtieron que se movilizarán para impedir que la iniciativa presidencial, la cual daría reconocimiento en todo el país a los matrimonios entre personas del mismo sexo, sea aprobada, puesto que afirmaron que va en contra del sentir de la mayoría de la población.
En conferencia de prensa, en la que participaron más de 50 líderes de asociaciones religiosas cristianas, pidieron el retiro de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para la legalización del matrimonio y la adopción homosexual, así como de otras reformas que pretenden incorporar a la población estudiantil infantil a una “orientación” sobre identidad sexual.
“Vamos a movilizarnos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero no vamos a permitir que el autoritarismo en el uso o revestimiento de legalidad atente contra aquellas cosas que pueden lastimarnos a todos: a tus hijos, a tus nietos, a los míos; de eso estamos hablando, de algo muy serio. Y nos vamos a unir con la Iglesia católica, con todo mexicano que esté dispuesto a luchar y coincidir por esto, en desacuerdo total con la iniciativa del Presidente, a favor de la familia y del bienestar de todos los mexicanos”, advirtió Luis Gallego, representante y vocero legal de la Unión Nacional Cristiana por la Familia.
Gallego expuso que aún no han tenido un acercamiento con la Iglesia católica para coordinarse en la realización de movilizaciones, pero buscarán esta alianza; detalló que logísticamente a nivel local “cada quien hará valer su voz”, y eventualmente esto se podría sumar a las acciones que realicen otras organizaciones religiosas.
Sobre esta posible alianza, EL UNIVERSAL consultó a la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que declinó hacer comentarios al respecto, puesto que próximamente dará a conocer su posición sobre la iniciativa del Ejecutivo federal.
“Los políticos no esperaban o calcularon mal una resistencia pacífica, civilizada, inteligente y no discriminatoria de nuestra posición, de nuestro pensamiento, de nuestra convicción", expresó Luis Gallegoó.
Explicó que, previamente a sus movilizaciones, su ruta de trabajo consistirá en invitar a más líderes religiosos de toda la República para que se integren a la Unión Nacional Cristiana por la Familia; visitarán a diputados para presentarles su posicionamiento, puesto que buscan un debate sobre esta iniciativa. Confió en que antes del 1 de septiembre puedan reunirse con el Poder Legislativo para iniciar ese debate.
“Aquellos que nos buscaron en campaña, aquellos que nos fueron a tocar la puerta una y otra vez para una y otra candidatura, los vamos a buscar y vamos a platicar con ellos, esta es la ruta de trabajo que vamos a seguir. Lo que queremos es compromiso de parte de ellos respecto de un verdadero debate, una discusión de esta iniciativa en la que podamos tener una voz, en un foro de los que ellos organizan en la Cámara. Si no tenemos eco vamos a evaluar manifestarnos masivamente, salir a las calles”, indicó.
Julio César Montaño, pastor de la Iglesia de Dios en México, dijo que México está enfrentando crisis en sectores como la educación y la justicia, por lo que consideró “lamentable” y como una falta de respeto la intervención del presidente Peña Nieto, al querer cambiar una estructura histórica, como es la familia.
“Definitivamente, dejamos en claro que consideramos muy irresponsable la intervención del Presidente de una forma tan unilateral. Me parece una falta de respeto querer cambiar una estructura histórica, fundamental, valiosa, de la que todos los que estamos aquí hemos recibido beneficios, sin la más mínima consulta”, afirmó.
Derechos de minoría. En tanto, Paul B. Pieper, autoridad general de la Iglesia Mormona en México, se cuestionó si es justo que se le concedan derechos a una minoría afectando a la mayoría y pidió encontrar un balance al otorgar los derechos.
“Si yo no puedo enseñar a mi propio hijo que el matrimonio para nosotros es entre un hombre y una mujer sin ser sancionados por el gobierno, ¿quienes han tenido los derechos infringidos? Si yo doy un derecho a 1% y esto afecta a 95%, ¿esto es justo? ¿Cómo es que encontramos ese balance? Es la pregunta clave. ¿Es posible hacerlo? No es dar los derechos a unos y dejar a otros sin derechos, es tratar de encontrar un balance”, cuestionó.
Samuel Sánchez Armenta, obispo presidente de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, aclaró que no se trata de un “comunicado homofóbico” sino que el derecho de cada individuo sea respetado; afirmó que están “a favor del respeto a las minorías sin que haya una discriminación a la voz de las mayorías”, subrayó.
“Creemos que la iniciativa de ley presidencial es nociva para las familias, para las generaciones futuras, daña los valores morales, lo poco que queda en la sociedad mexicana y que debemos de estar preocupados por restaurar, por regenerar el tejido social”, aseveró.
