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A casi siete años del incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en donde 49 menores perdieron la vida y más de 100 resultaron lesionados, un juez federal sentenció por el delito de homicidio por culpa a 19 ex servidores públicos estatales, municipales y encargados del lugar.
El juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora consideró que existían los elementos suficientes para dictar sentencias, que van de los 20 a los 29 años de prisión.
La pena máxima fue para Nohemí López Sánchez, quien fuera jefa del Departamento de Guarderías dependientes de la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
César Arturo Leyva, delegado en Sonora del IMSS; Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido, representante legal y secretario de administración de la guardería, respectivamente, alcanzaron una pena de 28 años de prisión.
El juez federal consideró que existía suficiente evidencia para que el entonces director de Protección Civil del municipio de Hermosillo, el director de Bomberos, el jefe de Departamento, el director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento y quien fuera el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, cumplan una sentencia de 28 años de prisión.
Mientras que los empleados del área de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal, el director general de Recaudación y el subdirector de Control Vehicular —cuyos nombres no se revelaron—, todos dependientes de la Secretaría de Hacienda de Sonora, pasarán 20 años en la cárcel por la muerte de los menores de edad.
Al resolver, el impartidor de justicia determinó que no existían evidencias contra tres supervisoras de la zona de guarderías del IMSS, quienes fueron absueltas. En tanto que a los 19 sentenciados les retiró cargos por ejercicio indebido del servicio público y por uso indebido de facultades.
Derivado de las 100 denuncias que recibió la Procuraduría General de la República (PGR) por los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009, la dependencia inició 11 averiguaciones previas y ejerció acción penal por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
El 13 de agosto de 2015 la PGR ejerció acción penal contra 22 ex servidores públicos municipales y estatales, así como representantes de la guardería; nueve meses después se emitió este fallo en contra de 19 de los inculpados.
Manos Unidas por Nuestros Niños, la organización creada por los padres de la víctimas, entregó un documento en mayo de 2013 a la PGR, en el que sostienen que el incendio fue provocado en la bodega de Hacienda, contigua a la guardería, para destruir documentos de una deuda millonaria que dejó el ex gobernador Eduardo Bours a través de un programa de obras llamado Plan Sonora Proyecta.
Dicen que tres personas bajo las órdenes de Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam Félix, secretario técnico del entonces gobernador, habrían iniciado el fuego.
De los socios de la guardería sólo Antonio Salido Suárez y Sandra Téllez Nieves, han sido condenados; no se actuó contra los dueños Alfonso Escalante Hoeffer, Gildardo Urquidez Serrano, y la prima de la ex primera dama Margarita Zavala, Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, fue exonerada en enero de 2012.
