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El activista Gustavo Castro lamentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no haya actuado antes aún cuando se tenían los mecanismos para su protección, lo cual prolongó su estancia en Honduras, donde permaneció para colaborar en las investigaciones del homicidio de Berta Cáceres, ocurrido el pasado 3 de marzo.
Luego de que el pasado 31 de marzo las autoridades de la República de Honduras levantaron la orden judicial que habían impuesto al mexicano Gustavo Soto para que permaneciera en ese país, el activista denunció la falta de aplicación de las leyes de Honduras en su caso e irregularidades en su proceso, por lo que destacó que la prolongación de su estancia en ese país era como "una tortura psicológica".
"Extraño que el gobierno mexicano acá no haya actuado antes que se hubiera esperado tanto tiempo habiendo marcos, habiendo mecanismos, habiendo formas de hacerlo y que eso simplemente prolongaba los días de una estancia que para mí era como una tortura psicológica, el no tener por un lado claridad de cuáles diligencias querían, para que me querían incluso también con la posibilidad de que pudieran después de los treinta días decretados alargar otros treinta días, un año o lo que ellos quisieran de una manera arbitraria como ya lo estaba haciendo en ese momento", afirmó en conferencia de prensa.
El también coordinador de la organización Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, comentó que la parte más difícil de su experiencia fue la indefensión legal en la que se encontraba y la presión del gobierno hondureño de tenerlo bajo custodia y no conocer las condiciones legales ni los procesos que seguirían, además de que dijo que el gobierno de Honduras no garantizaba su seguridad.
"Con toda la irregularidad la jueza dispone que tengo que quedarme treinta días más sin decir tampoco para que, así estuve el resto del mes a la espera de la expectativa, donde se iban formulando muchas hipótesis y también en un clima de mucha inseguridad, obviamente yo no podía salir de la embajada en un país con un riesgo de ese tamaño y sobre todo después de ser testigo de un asesinato de esa magnitud", relató.
En tanto que Miguel Ángel Migajos, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, lamentó la "pobre actuación política, diplomática y de falta de respeto a las leyes y a los derechos humanos que desee México realizó la SRE", apuntó.
afcl
