El grupo de expertos de la CIDH denunció hoy que tras las presentación de su primer informe sobre el caso Ayotzinapa, en septiembre de 2015, algunos militares, a los que les fue imposible entrevistar tras meses de peticiones, cambiaron o aportaron nuevos elementos ante la Fiscalía mexicana.
En estas nuevas declaraciones se tratan temas citados en su primer análisis, como la presencia de militares en la comisaría donde se cree que un grupo de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, pudo permanecer recluido en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.
Dos militares del 27 Batallón, asentado en Iguala, reconocieron por primera vez y a escasos días de la presentación del informe que se había acudido a esta instalación, reforzando los testimonios de otros dos elementos del Ejército de diciembre de 2014.
Según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que este domingo presentó las conclusiones de su segundo y último mandato que pone fin a más de un año de investigaciones, los militares fueron a preguntar por una motocicleta.
Esta era de un agente de inteligencia de su equipo, vestido de civil esa noche, y que habría dejado en una de las escenas del crimen.
No obstante, en declaraciones anteriores ningún militar había citado esta moto y para el GIEI lo más sorprendente es que, a pesar de conocer los sucesos "en tiempo real" que tenían lugar esa noche en Iguala, fueron a la comisaría "sin interesarse por el destino de los jóvenes".
Estos cambios en las declaraciones se descubrieron posteriormente pues para el GIEI ha sido imposible entrevistar a los militares -un reclamo también de los padres de los 43 estudiantes-, a pesar de las doce peticiones de información en este campo.
"No se proporcionó al GIEI no solamente la posibilidad de entrevistar al personal del 27 Batallón, sino tampoco las bitácoras, documentos, planes de acción o informes realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre dichos acontecimientos", señaló el informe.
El informe presenta las preguntas que querían formular a los militares y estas versan sobre sus labores de inteligencia en esa noche, sobre las fotografías que tomaron en el Palacio de Justicia, las órdenes emitidas o las salidas de las patrullas.
Incluso se preguntan la existencia de un soldado apodado "el Satánico", que aparece en una declaración de un marino y era presunto traficante para el cártel Guerreros Unidos, que según la versión oficial se encargó de matar y quemar a los 43 jóvenes detenidos por policías corruptos de Iguala.
El informe también destapó las discrepancias acerca de la actuación de los militares en un hospital donde fueron atendidos jóvenes heridos y maestros.
Mientras que el Ejército alega un "trato digno", los civiles denunciaron "todo lo contrario", detalló el GIEI, lo que se suma a la "falta de apoyo y protección" demostrado por los elementos de la Sedena aquella noche.
Por último, con base en un testigo el informe también habla de la presencia de un camión militar en la colonia (barrio) 24 de febrero, en un recorrido que no aparece en los expedientes y en una zona donde se presume se escondían varios normalistas atacados.
El grupo comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015 en virtud de un acuerdo alcanzado entre la CIDH, el Gobierno mexicano y los familiares de las víctimas, y al vencerse el primer mandato las partes acordaron una segunda etapa de trabajo, que culmina este abril tras serias desavenencias con el Gobierno.
tcm