La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, afirmó que la vivienda debe ser un instrumento de inclusión, no una barrera de segregación; sin embargo, advirtió que hará falta “valentía y pericia política” para que las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno se dispongan a cambiar la realidad de las ciudades para hacerlas incluyentes y sustentables.
Al inaugurar la Reunión Regional América Latina y el Caribe, la titular de la Sedatu, destacó que uno de los problemas es la instrumentación jurídica e institucional para poner en marcha los cambios prioritarios, por lo que indicó que mientras no se cuenten con estructuras eficientes de rendición de cuentas difícilmente se lograran los acuerdos de largo plazo para la construcción de una agenda urbana incluyente y sustentable.
“Nos enfrentamos a un problema, a veces no de ideas escasas ni tampoco de voluntad política, sino de instrumentación jurídica e institucional para echar andar los cambios que hemos identificado como prioritarios. De cara a la reunión en Quito y con la vista puesta en el 2030, hará falta valentía y pericia política para generar incentivos, para que las autoridades de los diferentes ámbitos de gobierno nos dispongamos a cambiar la realidad de nuestras
ciudades y hacerlas incluyentes, seguras, resilientes, compactas y sustentables”, sostuvo.
Robles Berlanga subrayó que muchos de los instrumentos de la política pública necesarios para mejorar la calidad de vida en las ciudades, como la desincentivación del uso del automóvil o la modernización de catastros públicos, “pueden ser impopulares desde el punto de vista político electoral, si nos planteamos una visión inmediatista”; enfatizó que las políticas públicas deben fortalecer la acción del Estado como rector del desarrollo, a fin de hacer “valer el interés colectivo por encima de intereses particulares”.
“La función social de la propiedad, principalmente del suelo, la captación de plusvalías, la desincentivación del uso del automóvil, la modernización de catastros y registros públicos de propiedad no constituyen, a veces, incentivos políticos y sin embargo sabemos que son ineludibles”, argumentó.
Subrayó que se debe romper con los patrones de exclusión visibles en las periferias urbanas, por lo que las políticas de vivienda “no pueden ser un motor de generador de inequidad”, sino que se deben incorporar visiones novedosas en las que se incluya a la población en decisiones arquitectónicas que
afecten sus vidas, así como diseñar esquemas de financiamiento accesibles para las personas en condición de pobreza.
“La vivienda tiene que ser un instrumento de inclusión no una barrera de segregación, lo mismo aplica en los espacios públicos, las plazas, los parques, los centros comunitarios, las bibliotecas, deben ser lugares accesibles para todos. Espacios para la cohesión y el encuentro, lugares donde las brechas sociales no tengan cabida, requerimos de un balance racional ordenado y planificado sobre las fuerzas de mercado y la capacidad rectora del Estado”, indicó.
Afirmó que la Conferencia de las Naciones Unidas Hábitat III, que se realizará en octubre en Quito, Ecuador, será “un momento histórico” para revisar a fondo el paradigma urbanístico que se ha seguido en las últimas décadas, ya que la rapidez con la que se expanden las urbes y la enorme cantidad de gente que llega a ellas “requiere de visiones y marcos de actuación distintos y eficaces”.
cfe