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La condena pública de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el caso de tortura a una civil en el que participaban dos miliares difundido la pasada semana ha de ser "el primer paso de un cambio de política", consideró la ONG Amnistía Internacional (AI).
Este sábado el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, ofreció una "sentida disculpa" por la tortura de una civil en febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, en el estado de Guerrero, que se conoció a través de un vídeo en el que participan dos militares, que ya han sido procesados por el caso, y una policía federal.
Según AI, esta disculpa "constituye un primer paso, que debe impulsar un nuevo enfoque oficial a la hora de emprender acciones eficaces para sancionar y prevenir las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en México".
Asimismo, la organización condenó que la "construcción del discurso del Gobierno mexicano se articulara nuevamente en torno a la calificación de los hechos como hechos aislados cometidos por personas que actuaban por su cuenta".
Dijo que es "necesario" que el Ejecutivo y las autoridades militares "reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de derechos humanos" perpetradas por "personal militar en el desempeño de sus operaciones".
"Es notable que esta sea la primera vez que la Secretaría de la Defensa Nacional pide disculpas públicas por un caso de tortura", afirmó el director ejecutivo de Amnistía en México, Perseo Quiroz.
Según la ONG, esta condena pública ha de ir acompañada de un "ejercicio de rendición de cuentas" que "garantice por parte de autoridades civiles investigaciones serias" sobre las acciones y estrategias de las Fuerzas Armadas.
Este lunes y en el marco del Programa Nacional de Capacitación Policial en Derechos Humanos, el titular de la Policía Federal, Enrique Galindo, anunció la suspensión de tres agentes que también participaron en el suceso.
A su vez, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, formuló "una pública disculpa" y calificó los hechos de "lamentables" y "dolorosos".
Reconoció que "ofenden" a la ciudadanía y "deshonran" las instituciones de seguridad, por lo que "no quedarán impunes".
En su turno, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, destacó: "Ha habido avances, pero debemos reconocer que no hemos logrado erradicarla y que su práctica persiste en distintos ámbitos de la cadena de seguridad pública", afirmó.
La pasada semana se difundió en redes sociales este caso de tortura hacia una joven, hoy presa, a quien encañonaban con un arma y asfixiaban con una bolsa en la cabeza.
afcl
