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El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez Nieto (PRI), informó que de las ocho pruebas que presentó el pasado jueves la defensa de la diputada de Sinaloa, Lucero Sánchez, vinculada con Joaquín Guzmán Loera, se aceptaron tres.
Afirmó que una vez que se les notifique a las partes implicadas, es decir, a la Procuraduría General de la República (PGR), y a los abogados de Sánchez López, que ya fue revisado el pliego de pruebas, podrá detallar los motivos del por qué fueron rechazadas cinco pruebas a la legisladora.
“Lo único que les podemos adelantar, porque el acuerdo no ha sido notificado a las partes, es que el pliego de pruebas (presentado por los abogados de Sánchez López) fue parcialmente aceptado y hubo un desechamiento de pruebas. Una vez que estén notificadas las partes, estaremos en posibilidades de ampliar los comentarios”, indicó.
Al finalizar la reunión de trabajo, Ramírez Nieto dijo que el acuerdo tomado por los integrantes del órgano legislativo será notificado de inmediato tanto a la Procuraduría, como a la defensa legal de la legisladora, con la intención de darle paso a la siguiente etapa del proceso de desafuero que enfrenta Lucero Sánchez.
Reiteró que las decisiones que tome la Sección Instructora son inapelables, por lo que no se admiten ningún recurso ni juicio de amparo, en caso de que los abogados de la legisladora sinaloense no estén de acuerdo con su decisión.
El priísta externó que durante los siguientes dos días naturales, la defensa legal de la diputada estará en posibilidades de presentar y acreditar a los peritos que propone, con la intención de que éstos sean notificados.
El jueves pasado 7 de abril, los abogados de Sánchez López, acudieron a la oficina de la Sección Instructora para cumplir con el ofrecimiento de pruebas a su favor, en entrevista, el abogado de la legisladora local, Rubén Tamayo, explicó que el ofrecimiento de pruebas consistió en un escrito de 15 hojas en el que se solicita a la Sección Instructora entregar las pruebas aportadas por la PGR para que sean sometidas a peritajes, entre las cuales destaca la copia de una credencial de elector.
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