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El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, informó a senadores que de 90 millones de llamadas de emergencia que se produjeron el año pasado, 75% fueron falsas.
Ante ello, se prepara un número único de emergencia, que operará con un protocolo de actuación de centros operativos de este servicio, y se establecerán sanciones a quienes incurran en la emisión de llamadas de falsas.
Señaló que el número único de emergencia operara con un Catálogo Nacional de Incidentes, el cual será un filtro de llamadas con motivo falso.
Álvaro Vizcaíno Zamora dijo que en 16 estados de la república se tipifica como delito realizar llamadas de emergencia falsas, y consideró en esos casos se debe suspender la línea telefónica utilizada o que se sancione con multa con cargo al recibo telefónico, con el propósito de inhibir esa conducta.
Participó en el foro “La sociedad civil ante el crimen y la inseguridad”, organizado en el Senado por la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, en el cual expuso este comportamiento frecuente en la sociedad. Dijo que en enero pasado los servicios de emergencia del país recibieron 8.6 millones de llamadas, de las que 75% fueron falsas.
La senadora Lucero Saldaña Pérez (PRI), convocante del encuentro, subrayó que se requiere de una ley que apueste al desarrollo y profesionalización de los cuerpos policiacos que impida la impunidad y la colusión con grupos delincuenciales.
Al respecto, el propio Vizcaíno Zamora dijo que la mitad de los subsidios para seguridad pública que se destinan a municipios, se acreditan para la profesionalización de los cuerpos policiacos.
El representante de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito, Antonio Mazzitelli, hizo hincapié en que sin la comunidad, no se puede luchar contra el crimen organizado o la ilegalidad. Expuso que se debe garantizar que la sociedad civil, “tenga una voz siempre más relevante y más escuchada”.
Mazzitelli sugirió a los legisladores que la ley proteja a testigos y colaboradores de la justicia, y de igual manera a los observatorios orientados a monitorear la aplicación de políticas de seguridad.
