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El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunció penalmente a Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el presunto delito de fraude en perjuicio de la Federación por 2 millones de dólares.
José Antonio Ortega, quien acudió a las instalaciones de la Procuraduría General de la Repúblico (PGR) para interponer la denuncia, exigió la salida inmediata del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) al considerar que no han aportado al esclarecimiento del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y han desvirtuado la investigación de la PGR.
“Sostendremos nuestra denuncia; sin embargo, demandamos que el gobierno de México ponga fin al acuerdo [con la CIDH], ante el flagrante incumplimiento de su contraparte y bajo ninguna circunstancia prolongue la estadía en el país de los expertos”.
Antes de ingresar a la PGR, Ortega Sánchez explicó que la denuncia se formuló en contra de Álvarez Icaza pues él firmó el acuerdo para la incorporación técnica del grupo de expertos para la investigación de los normalistas desaparecidos.
El Estado mexicano solicitó a la CIDH la coadyuvancia técnica para desarrollar nuevas líneas de investigación que ayuden al esclarecimiento de los hechos; orientar acciones de búsqueda; establecer un plan de atención a víctimas y generar políticas públicas para atender la problemática de la desaparición; sin embargo, para Ortega Sánchez no se han cumplido.
“Los expertos han malversado los fondos públicos. Han pretendido desvirtuar los avances de la investigación de la PGR basados en evidencia e insinuar que se trata de un montaje para encubrir a los supuestos responsables y a tratar de que el más del centenar de autores materiales e intelectuales de las desapariciones queden libres”, dijo.
