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La moderna Ley General de Víctimas es restrictiva, “es un embudo, un viacrucis”, que en los hechos hace que la reparación del daño sea un proceso lento, el beneficio sólo ha llegado a poco más de un centenar de personas, por lo que urge una reforma a esta norma, que se traduzca en una justicia efectiva para los agraviados de un delito o de violaciones a derechos humanos, para saldar la deuda histórica de desatención que tiene el Estado mexicano en esta materia.
Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en entrevista con EL UNIVERSAL, admite que la propia ley revictimiza a los ofendidos, porque en lugar de facilitar la reparación del daño el proceso se hace más lento.
Revela que cada año la CEAV recibe a alrededor de 20 mil personas que se dicen víctimas de algún delito o de violaciones a sus garantías por desaparición forzada, secuestro, tráfico de menores o trata. A 26 meses de su creación, el organismo que encabeza sólo ha podido reparar el daño a 114 personas.
¿En México se revictimiza, es algo sistemático?
—Sí, pero además se criminaliza. Pasa con los temas de violencia sexual, con las personas desaparecidas, a quienes se les acusa de estar involucradas con el crimen organizado.
La atención a las víctimas se tiene que volver una política de Estado. No tengamos miedo a admitir que existen, a reconocer el número de víctimas y que hasta hoy no han sido tratadas justamente. Históricamente, han sido desatendidas por el Estado mexicano; lo que he dicho es que tenemos por lo menos 50 años con una deuda gigante con las víctimas.
Por eso necesitamos una reforma a la ley que logre que los agraviados puedan ejercer su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral. Es urgente.
A partir de la creación de la CEAV, ¿cuál es el padrón que tienen?
—Hay tres etapas en el proceso de atención: a la primera le llamamos de atención inmediata, de primer contacto. Atendemos a todas las personas que llegan que se dicen víctimas, independientemente si realmente lo son. Se les atiende bajo el principio de buena fe y se les brinda atención médica, sicológica.
En esa etapa, ¿de cuántas personas hablamos?
—La atención ronda a alrededor de 20 mil personas al año, se les da el apoyo, aunque la gran mayoría no son víctimas del orden federal. De ahí viene la segunda etapa que es la del registro, ahí entran las medidas de asistencia.
En esa segunda fase, ¿cuáles son los datos?
—Tenemos 7 mil 917 peticiones de registro, de las que aprobamos 5 mil por delitos o violaciones a los derechos humanos. Todos los días llegan solicitudes. En asesoría jurídica tenemos alrededor de 8 mil asuntos, porque atendemos más de los registrados, puesto que son casos que están desde antes de la creación de la comisión.
De ahí viene la tercera etapa que es la reparación integral; ahí son menos los que acceden, porque se necesita una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o una sentencia definitiva de un juez.
¿De cuánto hablamos que es el fondo para la reparación del daño y cuántas víctimas han podido acceder?
—Hasta el 9 de marzo de este año, de los mil 500 millones que se tienen en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 2014 a la fecha, se han ejercido 63 millones 190 mil pesos, en beneficio de 160 víctimas englobadas en 17 casos.
En trámite están cinco víctimas directas que recibirán un total de 4.3 millones de pesos.
Por reparación del daño se han destinado 61 millones 415 mil pesos en beneficio de 114 víctimas; por medidas de ayuda como reembolso de gastos, alimentación y pagos médicos han sido beneficiadas 51 personas.
¿No son pocas las víctimas beneficiadas?
—Son pocas y la razón es muy clara, la Ley general de Víctimas es muy generosa, moderna, pero es sumamente restrictiva en la manera de ejercer los derechos, genera un embudo en la operación y muchas veces crea revictimización.
Por violaciones a los derechos humanos se necesita una determinación de la CNDH, de que hubo violaciones de autoridades federales; quien es víctima del delito se necesita una sentencia definitiva que establezca que se requiere la reparación del daño.
¿Dónde está el problema?
—Tenemos un problema generado por la ley, porque la inmensa mayoría de las víctimas no puede ser reparada del daño debidamente; por eso la urgencia de una reforma a la norma, para dar facilidad a la utilización del fondo.
¿Qué pasaría si no atienden lo que dice la ley?
—Si reparáramos sin todos los elementos que se mencionan en la ley, estaríamos cometiendo delitos por utilizar mal el dinero público, hasta iríamos a la cárcel.
Entonces, ¿el problema es que la ley no permite agilizar la reparación?
—Así es, no tenemos los elementos para hacerlo. Es un viacrucis para tener la sentencia. Urge reformar la ley.
