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El rezago en los sistemas de seguridad y justicia en México sumerge a las 32 entidades en un serio problema de impunidad. Las políticas públicas en el país han estado mal enfocadas para combatir este fenómeno, que es el principal factor que alimenta la corrupción, la violencia y la delincuencia, expone Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
En entrevista con EL UNIVERSAL, advierte que casos como la evasión de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de máxima seguridad de El Altiplano —ocurrida en julio de 2015— provocan que el ciudadano no crea en las instituciones; peor aun, al ver que no sucede nada con los responsables de algún delito, los mexicanos creen que pueden quebrantar la ley puesto que no recibirán castigo.
Otro de los focos rojos en el país es que los mexicanos prefieren no denunciar, lo que genera una cifra negra alarmante. De acuerdo con los datos obtenidos en el Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2016, resultado de una investigación que lideraron la UDLAP y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, se concluye que la carga de trabajo en los pocos jueces que hay, los Ministerios Públicos y policías no calificados también generan impunidad: sólo 1% de casos denunciados se castiga.
¿Cuál es la percepción del mexicano hacia las autoridades?
—De burla, desprecio, falta de respeto y, sobre todo, de desconfianza. El hecho más reciente de impunidad fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de una cárcel de máxima seguridad. Hubo una serie de condiciones de impunidad. Por eso las medidas que proponemos llevarían a la percepción en sentido contrario: sí funciona el sistema de procuración e impartición de justicia y de seguridad.
¿Se confiaron las autoridades?
—En la medida en que yo vea que ocurre un hecho, una fuga de reos, y no les pasó nada a las autoridades, y quizá los recaptura, pero se fugaron, comienza un proceso de relajamiento de las autoridades y la posibilidad de cohecho. Los prisioneros de ese nivel [como el líder del Cártel de Sinaloa] se van dando cuenta que es fácil comprar a los funcionarios que no tienen nada que perder dado que no hay acción en su contra. Esa es la impunidad. Nos hace falta una explicación de por qué fue capaz de construir un túnel de esa magnitud, dónde está el nivel de funcionarios que participaron en la fuga.
El año anterior, el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015 colocó a México en segundo lugar de 29 países con mayor impunidad. ¿Qué ha pasado con México?
—No ha pasado mucho. Lo que estamos viendo es la necesidad de crear una visión clara: no es la corrupción, ni la violencia, ni la delincuencia, lo que verdaderamente está causando los problemas, es la impunidad. Lo importante para nosotros es conducir la discusión de políticas públicas equivocadas de enfrentamiento a la violencia y de modificación de leyes, a la impunidad.
¿Cómo se encuentran las estructuras de seguridad y justicia?
—El hecho de que las estructuras institucionales de seguridad, justicia y de derechos humanos no estén funcionando correctamente porque no tienen la estructura adecuada nos lleva a que no tengan la funcionalidad óptima. Si no tenemos el número adecuado de jueces para atender con prontitud la comisión de un delito, no vamos a tener un país sin corrupción.
Si no tenemos el número de Ministerios Públicos necesarios para presentar una demanda, muchos delitos ni siquiera van a ser iniciados en el proceso de búsqueda de solución. Cuando esto se da es porque no existe la capacidad de estructura del sistema y el resultado es que prohíja la impunidad.
¿Qué resultados obtuvieron?
—Nos dimos cuenta de que 25 estados están agrupados en una situación en la que el índice de impunidad está entre alto y muy alto. Eso sí es una preocupación porque lo que nos está diciendo es que en México no existe la condición para que la impunidad se vaya eliminando fácilmente.
En la mayoría de los estados sus sistemas de seguridad y procuración de justicia no tienen la estructura y funcionalidad correctas. Un ejemplo son las prisiones, que tienen una sobrepoblación de 30%. Encima de todo, alrededor de 35% de quienes están en prisión no han sido juzgados.
Otro problema es la cifra negra: sólo 4% de los delitos son denunciados; de ese total, en 96% no se dictamina un resultado. A eso le llamamos la cadena de impunidad, porque no se denuncia, y lo que sí se denuncia no se procesa. Finalmente, la cadena nos lleva a que menos de 1% de los delitos llegue a una conclusión. Eso es terrible para el país.
¿De qué servirá el IGI-MEX 2016?
—Vamos a poder decirle a quien lleva la política pública de gasto, de asignación de gasto, a los Congresos, gobiernos federal y estatales, lo que debe ser su verdadera política pública diferenciada por entidad. No es necesaria una política general porque cada estado tiene sus particularidades. El documento lo que trata de hacer es proporcionar evidencia cuantitativa para que podamos decir: ‘Gobierno, si no inviertes en más ministerios públicos, en policías de investigación, en más jueces, mejores cárceles, no habrá buenos resultados’.
