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natalia.gomez@eluniversal.com.mx
Los padres de familia pueden decidir qué tipo de instalaciones y obras requieren los planteles a los que acuden sus hijos, vigilar de forma directa cómo se erogan los recursos y dar seguimiento al trabajo que realizan los contratistas, como integrantes de los comités de mejoramiento de la infraestructura educativa.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) opera éste inédito esquema de transparencia con la participación de los padres de familia, para aplicar el programa Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Escolar Nacional), que puso en marcha en septiembre pasado el titular de la dependencia, Aurelio Nuño Mayer.
El proyecto para el mejoramiento de infraestructura escolar, con una inversión de 50 mil millones de pesos —entre 2015 y 2018— incluye a más de 33 mil planteles, de los que 34% se ubican en la región sur-sureste del país.
Las acciones se realizarán en su mayoría en escuelas de nivel básico —preescolar, primaria y secundaria—, puesto que serán 31 mil 300 de las 33 mil que incluye el proyecto. Todas bajo el escrutinio de los padres de familia.
Héctor Gutiérrez de la Garza, director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed), explica en entrevista con EL UNIVERSAL que en el periodo 2015-2016 se prevé que se intervenga con este programa a 16 mil 419 planteles; cada una las obras de mejoramiento se operará en aproximadamente 90 días, salvo que exista un daño estructural en las instalaciones. Hasta el momento están aprobados mil proyectos ejecutivos en todo el territorio nacional.
“En cada escuela habrá un Comité de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, que depende de los consejos escolares de participación social, pero es exclusivamente para darle vigilancia para que la obra se realice conforme a lo previsto en el contrato y en el programa.
“Está sólo integrado por padres de familia, pero lo más interesante es que no sólo intervienen en el inicio de la obra, sino en la conclusión, su firma vale, ellos autorizarán la entrega de los trabajos para que se realice el último pago al contratista, que equivale a 30% del costo total de la misma”, detalla el funcionario.
El Inifed busca que los recursos se apliquen en ocho componentes prioritarios. En primera instancia está la seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento como lo son: atención a daños en muros, pisos, techos, ventanas, pintura, impermeabilización, escaleras, barandales, instalación eléctrica y barda o cerco perimetral. Estas son las obras de mejoramiento básico que se aplicarán en todos los planteles seleccionados por las condiciones de precariedad que presentan en su estructura.
Una segunda prioridad es que las escuelas tengan servicios sanitarios por lo que se pretende la rehabilitación de instalaciones hidráulicas y sanitarias, así como el mejoramiento de los muebles. En un tercer rubro se le da la importancia al mobiliario y equipo como proveer de pupitres, mesas, pizarrones, estantería, escritorios, sillas y armario para el maestro.
El cuarto componente se refiere a la instalación del sistema de bebederos con agua potable, y como quinto punto de prioridad le sigue la accesibilidad que permita la inclusión de las personas con discapacidad.
El sexto eje a atender es la mejora de las áreas de servicios educativos, seguido por la instalación de cableado interno para contar con internet (conectividad) y telefonía en aulas de medios y áreas administrativas. La octava prioridad es colocar el arcotecho para mejor desarrollo de las actividades físicas y deportivas.
Los proyectos de obra seguirán este orden de ejecución, “es decir, no podemos tener un plantel educativo con arcotecho y que no tenga baños. Atender la seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento, así como los baños, son fundamentales”, afirma Gutiérrez de la Garza, quien explica que se establecieron las prioridades a partir de los diagnósticos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Estos comités de mejoramiento de la infraestructura educativa que tendrán poder de decisión y vigilarán el desarrollo de los proyectos se conforman por cinco o siete padres de familia, entre los que hay un presidente, un secretario y otros integrantes.
La inversión en Escuela Digna, programa del gobierno federal que se fusionó con el de reforma educativa y que tuvo el objetivo de mejorar la infraestructura de los planteles, frente Escuelas al CIEN, es cinco a uno.
“La inversión que se tuvo por los primeros tres años de Escuela Digna fue de 8 mil millones de pesos y ahora es de 50 mil millones, estamos hablando de 500% de aumento para este esquema”, detalla Gutiérrez de la Garza.
El 2 de septiembre de 2015, la Presidencia anunció la mayor inversión en infraestructura educativa para las escuelas. En la reforma fiscal de 2013 se abrió la posibilidad para bursatilizar hasta 25% del Fondo de Aportaciones Múltiples que existe desde hace varios años y se destina a la educación en los estados, del que 55% es utilizado para infraestructura física y 45% para modalidades relacionadas como los desayunos escolares.
Ahora, 25% se llevará a valor presente de donde resultan los 50 mil millones de pesos. El pasado 19 de noviembre se firmó un acuerdo con los gobernadores de la República para acogerse al programa Escuelas al CIEN.
