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Por delitos contra la salud, la Procuraduría General de la República (PGR) inició en los casi tres años de la actual administración 24 mil 55 averiguaciones previas; sin embargo, 53.5% de los expedientes abiertos (12 mil 888) son por posesión de droga.
Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sobre la incidencia delictiva que investiga el Ministerio Público federal, refieren que entre enero de 2013 y octubre de 2015 las investigaciones que se iniciaron son por producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión de drogas, así como “otros delitos” que no detalla el reporte.
La información disponible en la página del SESNSP indica que el combate contra el narcotráfico en territorio nacional se ha centrado en la posesión de narcóticos y en menor medida contra las modalidades de delitos contra la salud relacionadas directamente con las operaciones de los cárteles, puesto que más de 20 mil carpetas de investigación iniciadas, sólo mil 327 son por producción; dos mil 160 por transporte; 178 por tráfico; dos mil 555 por suministro; y cuatro mil 845 por “otros motivos” que no fueron especificados.
El artículo 193 del Código Penal especifica que se consideran narcóticos “a los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia obligatoria en México y los que señalen las demás aplicaciones legales en la materia”.
Según la información que la PGR reporta al SESNSP, de las 24 mil 55 averiguaciones previas iniciadas entre enero de 2013 y octubre del año pasado, el estado de Sinaloa es la entidad que concentra el mayor número de denuncias por el delito de producción de estupefacientes, al acumular 239 expedientes.
En lo que corresponde a transporte, Sonora concentra la mayor incidencia delictiva con 338 averiguaciones; en tráfico, Chiapas con 42 denuncias es la de mayor incidencia en todo el país; en comercio, Baja California registra más casos con 437.
El mayor número de investigaciones de la PGR se refiere a la posesión de drogas. En este rubro, Baja California (dos mil 63 averiguaciones), Jalisco (mil 968), Tamaulipas (mil 729) y Guanajuato (953 carpetas de investigación) son las entidades del país que concentran los expedientes iniciados por este delito.
El abogado Juan Francisco Torres Landa, uno de los cuatro ciudadanos que obtuvo recientemente un amparo para el consumo de marihuana con fines lúdicos, considera que los datos relacionados con detenciones y averiguaciones previas por el delito de posesión de droga, son el indicio de una política de persecución en contra de los consumidores en México.
“Eso es lo complicado, agarran lo facilito, detienen a los jóvenes. No se complican la vida, porque detienen a puros consumidores. Las políticas públicas para combatir los delitos no son las adecuadas, se incentiva detener a las personas para comprobar que se está trabajando en el combate al narcotráfico”, explicó.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Torres Landa aseguró que las detenciones de personas con cantidades mínimas de droga generan una mayor criminalidad, al ser ingresadas a las prisiones y tener contacto con delincuentes de alto impacto.
“Al detener a consumidores e ingresarlos a las prisiones, lo único que se genera es que las personas ingresen a una universidad del crimen, donde están en contacto con verdaderos delincuentes. Además, la prohibición genera mayor consumo”, dijo.
Por su parte, Jorge Chabat, especialista en temas de seguridad e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mencionó que el número de averiguaciones previas por el delito de posesión representa una política de Estado que criminaliza el consumo.
“Estos números representan que se está criminalizando más la posesión, probablemente para uso de consumo personal. Estos datos son el resultado de un marco legal prohibicionista que deriva de las convenciones internacionales del control de drogas. Parte del problema es que hay una legislación rígida, que criminaliza el consumo y que es un reflejo de una mala estrategia basada en el marco internacional que erra al atacar el consumo”, comentó.
Chabat consideró que las averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría General de la República durante este periodo por delitos contra la salud, reflejan que el mercado de consumo sigue funcionando, pues existen más carpetas de investigación por posesión, que por delitos de producción o trasiego.
“Debemos reconocer que estos [datos] refieren que hay un mercado que sigue funcionando por la demanda de consumo. También nos dice que atacar el consumo disminuyendo la oferta es erróneo, porque el país está en un marco prohibicionista internacional. Hay una legislación que no se puede aplicar, porque se ataca el consumo, y no hay los suficientes recursos para ir contra los principales delitos como la producción o trasiego, que son los más importantes. Estos datos reflejan eso, lo cual no es exclusivo de México, sino también de potencias como Estados Unidos”, detalló.
